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Desde el 12 de enero la justicia retomó sus labores en medio de varios retos en lo administrativo y en lo judicial. Algunos de estos temas ya han estado en la agenda en las primeras semanas del año, como el aborto. Quizás el proceso más esperado en el país que se encuentra en la Corte Constitucional , un expediente que lleva más de 500 días y que ha sufrido una gran cantidad de reveces entre recusaciones, recursos entre otros.
Uno de los mayores incidentes en este caso ocurrió con las declaraciones que dio el magistrado Alejandro Linares a un medio de comunicación. Allí reconoció que recibía opiniones de varias personas, incluida su familia, lo que bastó para que se desataran varias recusaciones que fueron aceptadas y que liberó el estudio del tema. ¨Pero al estar 8 magistrados en sala hubo un empate, 4 magistrados a favor y 4 en contra , y 2 conjueces deberán definir este tema, mientras tanto el caso seguirá en suspenso.
El proceso, que fue suspendido el año anterior, definirá si se despenaliza totalmente el aborto y se da vía libre a la interrupción voluntaria del embarazo.
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En realidad estamos hablando de la ley de presupuesto del 2022 que incluyó la modificación de la Ley de Garantías que funciona para ponerle límite a la contratación y evitar que se use para el pago de favores en el periodo electoral, pero en esta ocasión no hay restricción.
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Una cuestión que no le gustó a más de uno, pues la norma registró 41 demandas ante la Corte Constitucional.
Dentro de los denunciantes hay varios congresistas entre los que se encuentran Roy Barreras, Katherine Miranda, Iván Cepeda, Inti Asprilla, Luis Fernando Velasco.
El argumento principal es el de la violación de la unidad de materia. Esto quiere decir que en este caso se habría aprobado una norma que no tiene nada que ver con todo el articulado, en este caso el de la ley de presupuesto, en el que se incluyó la modificación de la Ley de Garantías.
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Uno de los apartes de la demanda señala que "a todas luces escapaba de la órbita de competencia del Congreso aprobar una modificación a la Ley Estatuaria 996 de 2004 a través de la ley anual de presupuesto, teniendo en cuenta que esta ley tiene un contenido determinado, en relación con los ingresos corrientes de la nación, las apropiaciones presupuestales y la correcta ejecución del presupuesto, lo que no ocurre con la disposición demandada que fue objeto de regulación mediante ley estatutaria para garantizar la igualdad en las competiciones electorales en Colombia y no puede ser modificada o suspendida para habilitar la limitación prevista en materia de convenios interadministrativos no solo durante la época electoral, sino además encontrándose en marcha el calendario electoral".
Vea también: Reactivan proceso de la Ñeñepolítica: llamaron a declarar a la exreina María Mónica Urbina
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La magistrada Diana Fajardo determinó admitir para trámite algunas de las demandas y solicitó como pruebas las intervenciones del Ministerio de Comercio Exterior, el Departamento de Planeación Nacional, la Federación de Municipios, Asocapitales, la ONG Dejusticia y la Misión de Observación Electoral, MOE. Asimismo, requirió a la presidencia del Senado las gacetas del Congreso donde se consignó el tema del presupuesto y la certificación del quórum deliberatorio.
El caso estuvo en la Corte Constitucional donde fueron radicadas 22 demandas contra la exigencia del carné de vacunación y allí la demanda fue rechazada por la magistrada ponente, Gloria Ortiz, al considerar que, como se trataba de un decreto expedido por el Ministerio del Interior, la competencia no era del alto tribunal.
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Ante este panorama el caso lo deberá definir el Consejo de Estado que tiene mas de 150 demandas que piden la nulidad de la norma alegando que la norma es una obligación velada para que las personas se vacunen.
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La sección tercera del Consejo de Estado tiene pendiente emitir un fallo sobre el fracking, o fracturación hidráulica, para obtener hidrocarburos. Hay que recordar que la mayoría de los magistrados derrotó la ponencia inicialmente expuesta en que se pedía que no se accediera al procedimiento, lo que quiere decir que se tuvo que elaborar una nueva ponencia que debe ser votada.
Lo que se prevé en este caso es que habrá fracking pero al parecer regulado por la autoridad judicial para que se haga de manera responsable.
En manos de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia está la definición de la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel'. Un hombre que en Colombia tiene más de 128 órdenes de captura por narcotráfico, extorsión, homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de armas, conformación de grupos armados, concierto para delinquir y delitos de lesa humanidad, entre otros.
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La Corte se enfrenta a un álgido debate jurídico, ya que sus abogados han advertido que no van a obstruir la justicia y que no hay ninguna intención de fuga. Hasta el momento la Corte estudia los documentos entregados por la Corte de Nueva York que lo pide en extradición por tráfico de drogas.
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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia se apresta a dar inicio al juicio contra Richard Aguilar, por supuestas irregularidades cuando fue gobernador de Santander. Se señala que él habría dado varios contratos de manera deliberada, según las declaraciones de testigos directos de personas que estaban vinculadas en el entramado de corrupción.
Los testigos son Claudia Yaneth Toledo y su esposo Lennin Darío Pardo. Han sido los testigos estelares contra los excongresistas Richard Aguilar y Edwin Ballesteros, quienes confesaron los millonarios contratos presuntamente amañados durante la gobernación de Aguilar en Santander y el pago de coimas por más de 10 mil millones de pesos entre 2012 y 2015.
Puede ver: El calvario de testigos contra excongresistas investigados por corrupción: denuncian nuevas amenazas
Hoy Aguilar está tras las rejas en atención de una medida de aseguramiento por estos hechos.
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Este proceso que le costó la salida del cargo a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por los $70.000 millones que se embolataron en el contrato para la prestación del servicio de internet, tiene investigados a 4 congresistas por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para establecer si ellos ejercieron algún tipo de presión para que no se le caducara el contrato a la firma Centros Poblados.
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Los congresistas investigados son: Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín.
Por estos hechos fue llamada a declarar en calidad de testigo la exministra Karen Abudinen, quien aseguró que no fue objeto de presión alguna dentro del proceso.
Son muchos los procesos que están en veremos en el Ministerio Público. La audiencia contra el congresista Eduardo Pulgar por el soborno a un juez; la situación de Ismael Darío Lopera, alias 'Manolo', sospechoso de cometer abusos sexuales contra menores de edad en un jardín de Buen Comienzo en el barrio Santa Cruz, en Medellín; el caso del contrato entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados por $70.000 millones; la definición del caso de los 24 contratos adjudicados a Karen Vaquiro, en momentos en los que su esposo, Andrés Mauricio Mayorquin, fungió como asesor de la jefe de gabinete.
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Será un año lleno de determinaciones trascendentales que se darán en las altas Cortes y la Procuraduría.
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