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¿Cuál es el balance del cese al fuego con grupos armados ilegales en Colombia?

Este viernes vencen los decretos del cese al fuego establecidos por el Gobierno y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC fue el que más incumplió. Expertos aseguran que ante una eventual prórroga deben pactarse reglas y protocolos.

Balance del cese al fuego: ¿cuál fue el grupo armado ilegal que menos cumplió?

Este viernes, 30 de junio, vencen los decretos decese al fuego promulgados por el Gobierno de Colombia. ¿Cuál es el balance?, ¿qué debería tener en cuenta el ejecutivo si quiere prorrogar estos acuerdos con los grupos armados ilegales?

Hace seis meses arrancó la tregua entre el Ejército y Clan del Golfo, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y Autodefensas de la Sierra Nevada. Un semestre en el que se redujeron los incidentes armados hasta en un 50% comparado con 2022, pero, eso sí, empañado por hostigamientos, asesinatos, extorsiones y secuestros.

Según Indepaz, el Estado Mayor Central, al mando de alias Iván Mordisco, sin duda fue el grupo armado que más incumplió el cese al fuego, pues fueron autores de la masacre de cuatro menores, lo que llevó al Gobierno a derogar el decreto.

El Ejecutivo ha señalado que habrá un rediseño del cese al fuego y que una de las condiciones es que favorezca a la población.

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“Yo sí creo que hay que hacer una gran rectificación si se va a seguir con la idea de ceses bilaterales al fuego, porque otra cosa es desescalamiento de la confrontación... es un acuerdo formal de cese bilateral, siendo ese acuerdo informal, donde las partes dicen 'vamos a rebajarle'”, indicó León Valencia, director de la Fundación Pares.

El segundo actor ilegal en incumplir el cese al fuego fue el Clan del Golfo, cuyo pico de ataques y hostilidades se presentó en marzo, asociado al paro armado del Bajo Cauca antioqueño y detonante de su rompimiento.

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Las Autodefensas de la Sierra Nevada y la Segunda Marquetalia fueron los grupos criminales que más cumplieron el cese.

Expertos aseguran que ante una eventual prórroga deberán pactarse reglas y protocolos.

“Habría que tomar decisiones por organización y seguramente también regionalmente diferenciadas, pero no creo que el Gobierno vaya, con la experiencia ya acumulada, a tomar una decisión de conjunto. No debería hacerlo, me parece”, anotó Alejandro Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz.

Cauca y Antioquia fueron los departamentos donde menos se respetó el cese al fuego.

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Situación en Meta

Por otro lado, las autoridades en el Meta aseguran que el cese al fuego en su departamento no funcionó. Organizaciones de derechos humanos piden que se busque un acuerdo con las disidencias de las FARC.

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Aunque el cese al fuego se suspendió desde el 24 mayo en Guaviare, Caquetá y Meta, el gobernador de este último dice que el hostigamiento de grupos armados continúa en su departamento.

“Tenemos tres alcaldes que tienen serias amenazas, ellos por obvias razones no han querido hacerlo público porque temen por su vida. Pero no solamente les están pidiendo extorsiones a los alcaldes, a los contratistas los tienen extorsionados, a todos los tienen con la vacuna, les ponen condiciones de todo tipo: dónde tienen que comprar materiales, dónde tienen que hospedar la gente, dónde tienen que mandar a lavar la ropa”, señaló Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta.

Los municipios de la Macarena, Mesetas, Uribe, Vista Hermosa, Puerto Concordia y Mapiripán, en el sur del departamento, son los más afectados por los grupos ilegales y allí la fuerza pública mantiene la ofensiva.

“Las Fuerzas Militares, de manera articulada con la Policía Nacional, mantenemos la presencia en todo el departamento. Estamos brindando seguridad a las cabeceras municipales y en las áreas rurales, también una protección integral en los ríos con la Armada Nacional y desde el aire con la Fuerza Aérea Colombiana”, expresó el general Alejandro Vélez, comandante del Comando Aéreo de Combate No. 2.

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Organizaciones de derechos humanos insisten en que el Gobierno y los grupos armados deben firmar la paz para no afectar más a la población civil.

Edilberto Daza Bejarano, líder de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia – DHOC, manifestó que la situación afecta a la población campesina en los territorios.

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“Los que siempre han sufrido los conflictos de la guerra han sido las comunidades campesinas en nuestros territorios y para nadie es un secreto que con la desactivación del cese al fuego se ha venido reactivando una cantidad de grupos”, señaló.

Según testigos, en los territorios, las disidencias prohíben circular a cierta hora del día e incluso carnetizan a los campesinos en las veredas.

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