Llegar a la región de El Guavio desde Bogotá es una verdadera travesía luego de superar la población de Ubalá. A partir de allí, las condiciones de la vía hacen necesarias tres horas para recorrer tan solo 47 kilómetros. También falta señalización y la iluminación brilla por su ausencia, a pesar de llevar, entre otros lugares, a la principal hidroeléctrica de Colombia.
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Ante estas dificultades de movilidad, los habitantes de la región de El Guavio iniciaron una protesta que ya cumple 22 días, bloqueando el acceso a la hidroeléctrica, lo que tiene en riesgo la energía que suministra esta central energética.
"Yo si, de corazón y a nombre de la comunidad Zona B del municipio de Ubalá, le pedimos excusas a las dos millones de familias colombianas que se pueden quedar a oscuras porque la verdad nosotros estamos haciendo esta protesta muy pacífica, muy humilde con la gente campesina de esta región”, declaró el habitante de San pedro de Jagua Víctor Hugo Prieto.
En esta vía, que también es alterna a los Llanos Orientales, se observa el deterioro que llevó a los habitantes a realizar la protesta.
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“Es inaceptable que la gente tenga que tener unas vías destrozadas y han pedido, han reclamado, pero no se sienten escuchados”, afirmó el párroco de San Pedro de Jagua, Andrés Sabogal.
Ante la situación crítica de la vía, los habitantes se organizaron en cinco puntos para impedir el paso vehículos de las empresas que operan en la región de El Guavio. Este jueves, 8 de septiembre, se espera una reunión para buscar una salida a la situación.
¿Qué dicen desde el sector energético?
El bloqueo a la hidroeléctrica de El Guavio es uno de los problemas que enfrenta hoy el sistema de energía, pero el otro es el de las tarifas, en Cartagena, los gremios del sector le hicieron una propuesta al Gobierno bajo la consigna de todos ponen.
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Reunidos en su congreso, los generadores, distribuidores y comercializadores de energía acordaron con el Gobierno nacional una mesa de concertación para buscar salidas a los altos precios en las tarifas de energía.
“Vamos a tener una mesa de concertación donde la ministra va a estar presente, donde van a estar las empresas, donde van a estar los alcaldes y donde vamos hablar de técnica, esto no es solamente política. Lo fácil es decir que salgan a la calle, pero eso no soluciona ninguna factura”, declaró Camilo Sánchez, presidente de Adesco.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos no descarta la conformación de un fondo de estabilización como una salida a este problema. Sin embargo, desde los generadores ven algunos reparos.
“A nosotros nos gustaría primero explorar una soluciones regulatorias a instancias de la institucionalidad que hay hoy creada para dar esas soluciones, pero, además, creemos que esas es la forma de encontrar una solución más rápida en el corto plazo”, aseveró la presidenta ejecutiva de Acolgen, Natalia Gutiérrez.
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Desde el Congreso, también le pusieron la lupa al problema y citaron a debate de control político la próxima semana.
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“El lunes tendremos el debate en la Comisión quinta, a las diez de la mañana, donde citamos a la CREG, a la ministra de Minas y Energía, a la Superintendencia de Servicios Públicos para que le rindan cuentas al Congreso de la República, al Senado, el porqué del aumento de las tarifas de energía”, indicó el senador del partido Alianza Verde Gustavo moreno.
Aunque la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que buscará establecer un acuerdo entre gremios y Gobierno, denominado Pacto por la Justicia Tarifaria. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que en la reforma tributaria no se generarán recursos específicos para ningún sector.
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“Eso tiene que ser autofinanciado, no puede haber recursos del presupuesto para ese fondo”, aseguró Ocampo.
Asimismo, indicó que este asunto será analizado desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas sobre quiénes podrán establecer las regulaciones que permitan suavizar los efectos de los precios de la tarifa eléctrica.
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