La aspersión con glifosato para cultivos ilícitos empezaría entre los meses de enero y febrero de 2022, según anunció el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien agregó que convocará al Consejo Nacional de Estupefacientes una vez se certifique que no hay impacto negativo al hacer uso de este herbicida.
“Nosotros estamos esperando simplemente que se oficialice el documento de la máxima autoridad ambiental como es el ANLA y también el Instituto Nacional de Salud. El primero de los nombrados es que no se va a afectar desde luego la parte medioambiental de nuestro país, y el segundo, que no se va a afectar la parte de la salud”, dijo.
Pero campesinos y grupos étnicos expresaron su preocupación por la aspersión aérea.
“Nosotros seguimos insistiendo en que el glifosato no es la solución, para nosotros el glifosato sí causa mucho daño en los animales, en la fauna y en la contaminación ambiental que nos han dejado fumigaciones pasadas”, aseguró Alexánder Sánchez, de la red de derechos humanos Cauca-Sucumbíos, en Putumayo.
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Diana Bernal, investigadora social y defensora de derechos humanos, considera que no están dadas las condiciones para anunciar una aspersión aérea.
“En palabras de la corte ese licenciamiento debía construirse de la mano con las comunidades, hecho que nunca pasó. Sin embargo, en el mes de abril la autoridad de licenciamiento ambiental emite la regulación de las aspersiones con glifosato. ¿Qué pasaría si fuera sobre nuestras casas que volaran las avionetas esparciendo veneno? ¿Estaría de acuerdo?”, cuestionó.
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Las comunidades le piden al Gobierno que se cumpla lo ordenado por la Corte Constitucional y que se privilegie la política de sustitución de cultivos ilícitos.
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