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Crímenes contra grupos étnicos en Colombia dejaron 1,3 millones de víctimas, revela la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz abrió el macrocaso 09 para investigar los delitos no amnistiables contra estas comunidades, que sufrieron homicidios, desapariciones forzadas y abusos sexuales.

Crímenes contra grupos étnicos en Colombia dejaron 1,3 millones de víctimas, revela la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este martes la apertura del caso 09, en el que investigará los crímenes contra los pueblos y los territorios étnicos durante el conflicto armado en Colombia. Se habla de más 1,3 millones de víctimas, principalmente de homicidio, desplazamiento, desaparición forzada y abuso sexual.

"La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP abrió el caso 09, que investigará los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado por parte de integrantes de las FARC y de la fuerza pública, así como otros agentes del Estado y terceros civiles", dijo la magistrada Belkis Izquierdo en una conferencia de prensa.

La magistrada, que es presidenta de la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la JEP, detalló que "este caso se abre respondiendo a las demandas de verdad de las víctimas y sus organizaciones".

Esas víctimas "resaltaron que las múltiples violencias a las que han sido sometidos los pueblos y territorios étnicos están acentuadas por el racismo y la discriminación, y los han puesto en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual, situación que reconoció la Corte Constitucional desde hace casi dos décadas".

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El caso lleva el nombre de "Crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos".

VIOLENCIA GENERALIZADA


Para investigar el caso, la JEP recibió 435 informes que tienen un componente étnico, de los cuales 177 fueron evaluados por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) para la identificación preliminar de hipótesis de patrones de macrocriminalidad.

La magistrada Izquierdo explicó que esos documentos cuentan "crímenes y hechos victimizantes como el asesinato de líderes, lideresas y autoridades étnicas", así como "el desplazamiento forzado de su territorio ancestral y colectivo; la destrucción de los procesos organizativos y de Gobierno propio; la profanación de sitios sagrados, y la destrucción de ecosistemas, entre otras conductas".

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También describen "los daños graves, diferenciados y desproporcionados que destruyeron las condiciones de vida y existencia, comprometieron la pervivencia física, cultural y espiritual de los pueblos étnicos", y reivindican "derechos colectivos, individuales y territoriales".

"Tras el análisis se encontró que existe un universo provisional de 1.350.181 víctimas con pertenencia étnica, cuyo hecho victimizante más documentado es el desplazamiento forzado, seguido del homicidio y la desaparición forzada", detalló Izquierdo.

CASOS ABIERTOS POR LA JEP


La JEP anunció el 18 de febrero pasado la apertura de tres nuevos macrocasos desde que instauró los siete primeros en 2019 y entre ellos se encontraba el que investigará un abanico de graves crímenes cometidos por la extinta guerrilla de las FARC.

Los otros dos casos son el que investiga los crímenes cometidos por la "fuerza pública en asocio con otros grupos" como los paramilitares, que es el 08, y el caso 09, que es el anunciado este martes.

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También se abrirá próximamente el macrocaso 11, que tratará sobre "la violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de las víctimas en el marco y con motivo del conflicto armado".

La JEP, que hace parte del Sistema Integral de Paz creado por el acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC en 2016, trabaja de la mano con las víctimas, emite imputaciones a actores grupales y máximos responsables de delitos colectivos.

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Si los victimarios aportan verdad y reconocen los crímenes se someten a sanciones propias que no incluyen la privación de libertad, pero que si no los reconocen se enfrentan a un proceso judicial que incluye penas de hasta 20 años de prisión.

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