En un consejo extraordinario de seguridad, el Gobierno nacional analiza los detalles de la masacre
de cuatro niños indígenas en Putumayo. El crimen sigue causando repudio y rechazo entre los habitantes de la vereda El Estrecho.
Se trata de un múltiple crimen que habría sido cometido, según la misma comunidad, por miembros de la estructura Carolina Ramírez, perteneciente a las disidencias de las FARC.
Según el defensor regional del pueblo en Putumayo, el flagelo del reclutamiento forzado crece cada día más.
“Las cifras, lamentablemente, de acuerdo a las que conoce la Defensoría del Pueblo, aumentan de una manera acelerada en el departamento del Putumayo”, aseguró Jhon Harold Ordóñez, defensor regional del Putumayo.
El director de Restitución de Tierras también repudió la masacre e hizo un llamado a los grupos armados: “Condenamos los actos de violencia, de guerra, de este conflicto que está golpeando sobre todos nuestros niños, a los jóvenes. Desde aquí queremos mandar un mensaje de repudio de lo que está sucediendo”.
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Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó este hecho, que tildó de "bofetada a la paz".
“El asesinato de 4 menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario. He convocado una reunión de seguridad extraordinaria para anunciar medidas frente a estos hechos”, trinó el jefe de Estado.
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Asimismo, Francia Márquez, vicepresidenta, condenó el hecho y aseguró que se trató de un "atroz asesinato".
“Rechazamos y condenamos el atroz asesinato de los 4 niños indígenas en Putumayo. Duele en el alma que las niñas y niños paguen el costo de una guerra absurda. Seguimos trabajando de manera incansable por la paz de Colombia”, Márquez.
La ONG Human Rights Watch rechazó la masacre y pidió, de manera urgente, la protección de los niños y niñas.
Y es que la violencia en la zona rural de Caquetá no da tregua: 17 organizaciones campesinas denunciaron estar en medio del fuego cruzado por la disputa de las disidencias de las FARC. Cerca de 15 mil personas estarían en riesgo.
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Indepaz pidió que esta zona sea convertida en una región de paz para así encontrar una salida al conflicto armado.
Además, la oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado rechazando esta masacre: "El reclutamiento de menores es un crimen de guerra que afecta a los niños y niñas, también a sus familias y comunidades". Asimismo, recalcó que las disidencias de las FARC "desconocen el DIH y constituyen un atentado a la paz".
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