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El alto tribunal consideró que las decisiones son “laxas” y generan un riesgo para la justicia.
Hizo un fuerte llamado de atención a la JEP pues consideró que es inaceptable que se atribuya la competencia para determinar el ingreso a esa jurisdicción de personas sentenciadas por la Corte Suprema.
El pronunciamiento se refiere al caso del condenado exgobernador de Sucre Salvador Arana, aceptado en la JEP y quien fue hallado responsable por la sala penal de vínculos con las autodefensas para camuflarse en la administración pública.
Pero la Corte fue más allá, recriminó a la Justicia Especial para la Paz por haber considerado al cartel de la toga como parte del conflicto armado, cuando fue un caso de corrupción en el que se ofrecieron dineros para desviar procesos judiciales.
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Además, señaló que estas decisiones generan un riesgo para la justicia. Por su parte, la JEP respondió, mediante un comunicado, que respeta a la alta corporación y aportará lo necesario para dirimir el desacuerdo.
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