Corte Constitucional vuelve a estudiar delimitación del páramo de Santurbán

Fauna, flora y agua son la riqueza del páramo de Santurbán, cuyo mayor atractivo son sus 57 lagunas. Por eso, desde el 2017, la Corte Constitucional ordenó rediseñar la delimitación de esta reserva natural frente a actividades económicas, y sobre todo mineras, que pudieran ponerla en peligro.

El caso regresó a la Corte porque aún no se ha cumplido el fallo, debido a que falta la consulta a las comunidades.

“Para la delimitación del Páramo de Santurbán en esa sentencia se ordenaron las realizaciones de mesas para efectos de la concertación con la comunidad y por esto de la pandemia se autorizaron reuniones virtuales, pero no cayeron en cuenta de que para la comunidad, principalmente la que se ubica en zonas de páramo, no hay acceso a internet. Por esa razón consideramos que este es un caso novedoso, pero también es importante establecer si aquí necesitamos materializar un enfoque diferencial en esta decisión que se vaya proferir”, señaló la magistrada Gloria Ortiz.

Es decir, los directamente afectados no podrían participar en la nueva delimitación por no tener internet.

“Se demuestra una disparidad en el acceso a la conectividad y elementos tics entre la población urbana y rural dispersa en el departamento de Santander”, dice Camilo Mayorga, del comité de defensa del agua en el páramo de Santurbán.

Para los defensores de Santurbán, la antigua delimitación no contrarrestaba la actividad minera.

“En teoría, la delimitación de los ecosistemas vitales y estratégicos de un país sería importante para poner un límite a la intervención humana con sus actividades económicas, con miras a proteger y conservar dichos ecosistemas. Sin embargo, en nuestro país los páramos, como es el caso de Santurbán, es delimitado con una visión minera para legalizar a las empresas mineras y a sus proyectos mineros en la zona”, señala Erwin Rodríguez, líder defensor del páramo.

El Ministerio del Medio Ambiente venía cumpliendo con el fallo, antes de la pandemia, que los obligó a organizar audiencias virtuales.

La última palabra la tendrá la Corte Constitucional.