En medio de un panorama de 18 líderes sociales asesinados en Colombia durante el 2021 y, según el programa Somos Defensores, de 135 entre enero y septiembre de 2020, la Corte Constitucional determinó estudiar el tema de la seguridad que se les brinda a estas personas.
Ante el alto tribunal, los líderes sociales señalan que, si bien el Juzgado 45 Civil de Bogotá falló a favor, no se han cumplido las normas de seguridad, mientras la Fiscalía sostiene que se están esclareciendo los crímenes en contra de ellos.
“Pasamos del 52% de esclarecimiento de crímenes de líderes sociales al 63,52%”, aseguró Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, al anotar que en relación a “los homicidios colectivos” su administración recibió los casos “con el 31% de esclarecimiento” y ahora está “en el 72%”.
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No obstante, estas cifras no generan tranquilidad entre los líderes sociales.
“Preocupa que hay un esclarecimiento del 63%, lo cual no se corresponde con el crecimiento exponencial de los grupos criminales que siguen creciendo. Entonces, nos preguntamos ¿para qué sirve tanto esclarecimiento, si no es para desmantelar el crimen organizado que afecta a los líderes y lideresas?”, indicó Diana Sánchez, directora de la asociación Minga.
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En ese sentido, Sindy Castro, investigadora de justicia, sostuvo que “las medidas de seguridad no se han incrementado” para evitar que estas personas sigan siendo víctimas de la violencia.
“Por esa razón, estamos solicitando al juez constitucional que ordene la implementación y que haga seguimiento a esta implementación para combatir de manera efectiva la violencia que en este momento está atacando a los líderes”, explicó.
Los líderes sociales aseguran que se les ha incumplido con la campaña contra la estigmatización.