Corte Constitucional falla por primera vez en un caso de bonos de carbono: histórico

En un hecho histórico, la Corte Constitucional, por primera vez, dejó en firme un fallo relacionado con los bonos de carbono.>> Vea más: Deforestación en Colombia se redujo un 36%, la cifra más baja en 23 añosEn julio de 2022, el Consejo Indígena del Pirá Paraná interpuso una acción de tutela con la ONG Corporación Más Bosques y tres empresas que promovieron o validaron el proyecto REDD+.¿Qué es el proyecto REDD+?Este proyecto es una iniciativa del mercado de bonos de carbono, a través del cual se les paga a comunidades indígenas o étnicas para no talar árboles y así empresas grandes u organizaciones buscan compensar su huella de carbono.“Su formulación de proyectos no nos coincide, no nos recoge, no nos tiene en cuenta cómo lo estamos manejando nosotros, al formular proyectos desde otro punto de vista”, indicó Fabio Valencia, representante legal del territorio indígena Pirá Paraná.Según el representante, estas empresas se apoyaron para la ejecución del proyecto REDD+ en un contrato de mandato con un representante legal, sin potestad suficiente, vulnerando los derechos fundamentales de las comunidades.La Corte Constitucional les dio la razón a los indígenasLa Corte Constitucional les dio la razón y afirmó en su sentencia que las empresas no lograron un verdadero consentimiento libre, previo e informado de esta población indígena.El alto tribunal también encontró que el Estado no adoptó una perspectiva técnica que garantizara el respeto y la protección de los derechos indígenas.Al respecto, la ministra de Ambiente, Susana Mohamad, antes de conocerse el fallo, habló sobre el vacío al que se refirió la Corte Constitucional.“Necesitamos una regulación muy fuerte, en donde el Estado entre a jugar un papel protagónico en la ejecución, estructuración, regulación y comercialización de certificados de carbono y donde se garanticen derechos de comunidades étnicas”, dijo la ministra.La Corte Constitucional invitó a las comunidades indígenas, en un plazo de tres meses, a reunirse y decidir si implementan y, en caso afirmativo, cómo hacer el proyecto de compensación en sus territorios.>> Le puede interesar: Por ley que prohíbe plásticos de un solo uso, así venden ahora mercado en plazas de Bogotá