Con 7 votos a favor y 0 en contra dio luz verde al acto legislativo considerado clave en la implementación del acuerdo con FARC.
El fallo deja en firme la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema al que se someterán los guerrilleros y militares implicados en delitos de lesa humanidad y contra el Derecho Internacional Humanitario en el curso del enfrentamiento de medio siglo.
Quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia podrán recibir penas alternativas a prisión.
Y en el caso de los exguerrilleros la corte dio visto bueno a su participación en política, siempre que cumplan con las obligaciones ante la JEP.
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Corresponderá a este sistema "determinar la compatibilidad con la participación en política de las sanciones que ella imponga a los excombatientes", señaló el tribunal en un comunicado.
Los magistrados se pronunciaron favorablemente sobre el acuerdo que permitió este año el desarme y transformación en partido de la guerrilla comunista, convertida ahora en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
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Sin embargo el Congreso, con una débil mayoría oficialista, deberá expedir en las siguientes dos semanas la ley que reglamenta la jurisdicción especial, columna vertebral del pacto que sacó de la guerra a 7.000 combatientes.
Además, se estableció que magistrados extranjeros de la JEP no tendrán voz ni voto y terceros involucrados en el conflicto no serán obligados a acudir a esta justicia, pero lo podrán hacer voluntariamente.
En un mensaje a la nación, el presidente Juan Manuel Santos calificó como "una gran noticia" la decisión de la corte y pidió al legislativo sacar adelante la norma.
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