Un total de 49 funcionarios de alcaldías y gobernaciones están en la mira de la Fiscalía por corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que nació con la premisa de alimentar a los niños de más bajos recursos de Colombia .
Aunque por el c oronavirus COVID-19 los niños dejaron de ir al colegio para educarse desde la virtualidad, a sus hogares están llegando las raciones de comida.
Sin embargo, la Fiscalía ha abierto 86 investigaciones en 2020 por presuntos actos de corrupción que comprometen la alimentación de los más vulnerables.
Estos se estarían presentando a través de modalidades como precontratos, sobrecostos, calidad de productos, irregularidades en las raciones y favorecimiento en las contrataciones.
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Este lunes justamente le formularon cargos al exgobernador de la Guajira José María Ballesteros por un contrato que supera los 41 mil millones de pesos.
“Y sobrecostos por más de $13.200 millones que estarían representados en el incremento del valor de las raciones alimentarias. En el contrato de transporte por más de 9 mil millones de pesos, también se presentaron irregularidades en los estudios, la selección del contratistas", aseguró Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
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Atlántico, Sucre, Huila y Magdalena son las regiones del país donde más irregularidades se rastrean en la contratación, que, de antaño y según considera el ente acusador, ha sido el fortín de los políticos en las regiones.
Otro de los departamentos donde hay más de seis procesos en marcha por corrupción en el PAE es Santander, donde la Fiscalía detectó que un contratista suministraba raciones con carne de caballo .
Arauca también es uno de ellos. Allí un estudiante descubrió que el contratista habría entregado un lote de atún vencido y, según la denuncia, las latas habían sido pintadas en la parte superior donde aparece la fecha de vencimiento.