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Supuestas afirmaciones del socio del exfiscal anticorrupción de que este “pagaría a quien necesitara ser pagado” son base para acusarlo por lavado de activos.
Las artimañas del fiscal Luis Gustavo Moreno para litigar en la Corte Suprema quedaron al descubierto cuando su socio, Leonardo Pinilla, se reunió con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons en Estados Unidos, en abril de este año.
Así lo revela el ‘indicment’ o documento con el que Estados Unidos acusó a Moreno de conspirar con fines de lavado de activos.
"Estas conversaciones, que se realizaron principalmente a través de servicios cifrados fueron capturados y registrados por la DEA", dice el documento.
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La pieza clave de este entramado de corrupción fue una conversación entre Pinilla y Lyons. La DEA los escuchaba.
Este es uno de los apartes del documento del departamento de Justicia de Estados Unidos, que relata las conversaciones entre el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.
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"Pinilla añadió que Moreno arreglaría todo y pagaría a quien necesitara ser pagado para hacerse cargo de los problemas legales, pero que él (Moreno) necesitaba la confirmación de Lyons de que él continuaba con las negociaciones".
Desde hace tres meses la DEA conocía el posible contubernio de Moreno, Pinilla y los exmagistrados Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte, a quienes señalaron de beneficiar a procesados a cambio de dinero.
"Pinilla agregó que la estrategia ideal sería encontrar formas de desacreditar a los testigos que están testificando contra Lyons y agregó que él (Pinilla) había utilizado esa misma estrategia y otras estrategias con éxito durante otros actos de corrupción que él y Moreno habían perpetrado en el pasado. Pinilla confirmó además que Moreno quería ser pagado por sus servicios a través de Pinilla".
Son siete casos los que el exfiscal Moreno manejo ante la Corte Suprema, incluidos los de Musa Besaile, Luis Alfredo Ramos y Hernán Andrade, estos últimos están en la mira de la justicia.
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Pudimos establecer que las exigencias económicas por beneficios en la Corte Suprema eran de mil a cuatro mil millones dependiendo la etapa procesal. El negocio tenia cláusula de éxito.
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