La controversia en torno al millonario contrato para la expedición de los pasaportes, que derivó en la salida de Martha Lucía Zamora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
tras diferencias con el canciller Álvaro Leyva, empezó cuando el presidente Gustavo Petro manifestó su desacuerdo con que hubiera un único oferente para la licitación. La empresa en cuestión es Thomas Greg & Sons, que lleva más de 45 años desempeñando esta labor y aspira a continuar con la misma por un valor de 599 mil millones de pesos.
El pasado 13 de septiembre, Álvaro Leyva declaró desierta la licitación cumpliendo las órdenes del presidente Gustavo Petro, quien señaló que el proceso no ofrecía condiciones justas para que más empresas participaran y que beneficiaba al único oferente en la licitación. La compañía apeló, pero el canciller negó todos los recursos.
“No se accederá a la revocatoria del acto administrativo mediante el cual la administración declaró desierto el proceso de licitación pública LP001 de 2023, dejándolo incólume en todas sus partes”, declaró el 14 de septiembre el canciller Leyva.
El contrato vencía el 2 de octubre y la firma anunció que no prestaría más el servicio, además que presentaría una demanda por más de 117 mil millones de pesos porque ellos ganaron la licitación que luego se declaró desierta.
“No es un tema de falta de deseo o de voluntad, es que no hay amparo y respaldo legal para que se sigan produciendo los pasaportes y habrá que esperar qué decisiones adopta la Cancillería a partir de la declaratoria de emergencia que ha anunciado”, indicó Juan Pablo Estrada, abogado de Thomas Greg & Sons el mismo 14 de septiembre.
Tras estas declaraciones, el contralor encargado llamó la atención de Álvaro Leyva.
“El canciller tiene que informar a la Contraloría cuáles son los mecanismos que ha adoptado para prever el riesgo de demandas (y) para garantizar la no interrupción del servicio”, dijo en aquel entonces Carlos Mario Zuluaga, contralor (e).
El 19 de septiembre, después de declarar el estado de urgencia manifiesta, la Cancillería anunció una nueva licitación para el contrato de expedición de pasaportes y fue sobre este segundo proceso de contratación, al que también se presentó Thomas Greg & Sons, que Martha Lucía Zamora hizo advertencias de fallas jurídicas en las que podría incurrir el Estado.
Estas advertencias, dicen, terminaron en gritos del canciller y la posterior salida de Zamora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Además, la llevaron a hablar de otros intereses alrededor del contrato entre los que estarían los del hijo canciller, Jorge Leyva, quien según Zamora sostuvo reuniones en París para hablar de la licitación.
Precisamente, Leyva respondió a ese señalamiento diciendo que solo es amigo del secretario de la Cancillería y que su reunión en París fue con él y no con representantes de una de las empresas interesadas en la licitación.
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