La Contraloría General de la República
reportó que, en una Auditoría de Cumplimiento al Departamento de Prosperidad Social (DPS), se identificaron 11 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de 12.682 millones de pesos. Además, informó que solo pudo revisar 25 de los 889 convenios interadministrativos que le solicitó a la entidad.
Dichos convenios eran de proyectos para la implementación de obras para la prosperidad a nivel nacional y el fortalecimiento para el desarrollo de la infraestructura social. "La entidad únicamente entregó información completa de 25, lo que representa el 2,31% de la selección total. Esta situación limitó significativamente la labor de la Contraloría en la revisión de recursos por un valor superior a los $2,4 billones", indicó el ente de control.
En la muestra se seleccionaron convenios celebrados desde el año 2011 en adelante, que estaban vigentes o se liquidaron entre las vigencias 2020 y el primer semestre del 2024, sin embargo, Prosperidad Social
solo aportó los documentos que actualmente reposan en la entidad, y no fue posible obtener información requerida para su análisis, ya que, según manifestó el DPS, dicha documentación no se encontraba en sus archivos y expedientes contractuales.
"No fue posible auditar el 83% de los convenios interadministrativos, ni la contratación derivada de los mismos, un hecho sin precedentes en la historia reciente del control fiscal. La contraloría no concluye que los proyectos no se hayan terminado, o los recursos no auditados no se hayan invertido adecuadamente hasta tanto no se disponga de la información que permita realizar el ejercicio de control fiscal", añadió.
El órgano de control resalta que, producto de la advertencia de febrero del año 2024, algunos convenios derivados del proyecto se encuentran en la estrategia compromiso Colombia, para lograr su culminación; y otras contrataciones derivadas de estos convenios interadministrativos que vienen de la vigencia 2011 ya cursan procesos de responsabilidad fiscal.
Los hallazgos de la Contraloría en la DPS
La Contraloría evidenció deficiencias en los procesos de seguimiento y control a los convenios y contratos, relacionadas con el pago de mayores cantidades de obra, calidad de las obras, obras inconclusas, asignación de interventorías y retrasos en la ejecución de las mismas. El ente de control identificó 11 hallazgos.
Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la ejecución de un contrato para la adecuación del mercado público del municipio de Fundación - Magdalena, obra que culminó en septiembre de 2021, sin embargo, se encuentra abandonada y en evidente deterioro debido a que no se ha logrado reubicar a los vendedores, lo que configura un detrimento patrimonial por $5.116 millones.
En el mismo sentido, el contrato para la construcción de la plaza de mercado del municipio de Coyaima – Tolima, tuvo un avance de obra del 51,38 % lo que generó un detrimento por $2.754 millones, valor que corresponde a los pagos realizados por Prosperidad Social al Ente Territorial, sin que la obra cumpla con su funcionalidad por cuanto no está terminada.
Por su parte, en San Andrés de Sotavento - Córdoba se evidenció el pago de obras por concepto de mejoramiento de viviendas que no cumplieron los requisitos para ser recibidas a satisfacción por parte de la interventoría, pero que habían sido canceladas al contratista, generándose un daño al patrimonio por $1.116 millones.
El Contralor General pondrá estos hechos en conocimiento de laFiscalía General de la Nación
y de la Procuraduría General de la Nación, para que inicien las investigaciones que corresponda de acuerdo a sus competencias.
Gustavo Bolívar responde a hallazgos de la Contraloría
En su cuenta de X, el director del DPS, Gustavo Bolívar, indicó que fue él quien pidió la investigación de la Contraloría un mes después de que se posesionó. "Todos los convenios vienen de 2011, incluidos los del caso marionetas", afirmó.
"De los 892 convenios investigados y de los cuales se desapareció la información y por eso radicamos denuncia penal en la Fiscalía: 459 fueron suscritos entre 211 y 2017 y 433 entre 2018 y 2022. El 41% de estos contratos se suscribieron en 2021. Último año de Duque. Por ellos hay dos senadores presos y el subdirector Pier García huyendo. Se estaban robando a la entidad", agregó.
Indicó que de estos convenios "nacen parte de los elefantes blancos que hemos terminado en 2024 con acompañamiento que pedí a la Contraloría. La información desaparecida es de administraciones anteriores al gobierno Petro. Cuando llegamos no estaba, la habían desaparecido".
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