La Contraloría General de la República encendió las alarmas con un informe sobre el Consejo Superior de la Judicatura, uno de los organismos judiciales más cuestionados de los últimos años.
En el devastador documento se revela que los activos de este organismo superan los 2,7 billones de pesos, pero sus pasivos se triplican, superando los 9,2 billones de pesos durante la vigencia fiscal 2020.
“Se encontraron incorrecciones por más de 56 mil millones de pesos, lo cual afecta la opinión contable. Se evidenciaron errores contables dentro de los procesos, falta de seguimiento y control a los procesos que se están realizando en contra de la entidad y errores de registro en materia de defensa judicial”, manifestó el contralor delegado para el sector de Justicia, Sebastián Montoya.
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Para el ente de control, algunas de las deficiencias en su ejecución presupuestal han sido en:
- Procesos de contratación para adquisiciones de bienes y servicios, con reiteradas suspensiones o modificaciones.
- Pagos adicionales por obras no previstas.
- Procesos de contratación de obras civiles fallidas.
- Procesos de compra de software sin soportes de entrega.
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Pero, además, el informe destaca:
“No obstante haberse realizado los procesos de apropiación presupuestal (...) no se ha satisfecho la necesidad planteada inicialmente para fortalecimiento de la infraestructura física de apoyo y descongestión de la justicia en Colombia, pues no existen las obras, o existen inconclusas”.
Inclusive, la Contraloría advierte limitaciones en el suministro de la información que afectaría el alcance de esta auditoría.
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“El equipo auditor determinó que los controles diseñados dentro de la entidad no son suficientes para contrarrestar los riesgos que allí se tienen", agregó el contralor Montoya.
Fueron en total 98 hallazgos fiscales en los siguientes departamentos:
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- Antioquia
- Caldas
- Huila Meta
- Norte de Santander
- Santander
- Tolima
- Valle del Cauca
La conclusión de la Contraloría es que existen graves deficiencias en los estados financieros de este órgano judicial, que afectan notablemente su funcionamiento y operación. Dio un plazo de 20 días para que se entregue un plan de mejoramiento ante el ente de control.
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