Consejo de Estado admitió demanda por medidas de protección a disidentes de las FARC

El representante legal de la Federación Colombiana Víctimas de FARC radicó una tutela en la le pide al presidente Gustavo Petro, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al director de la UNP, Augusto Rodríguez, suspender las medidas de protección a disidentes. El Consejo de Estado admitió estudiar el caso.

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¿Qué pide el demandante?

En la acción de tutela el accionante, identificado como Sebastián Alonso Velásquez Vélez, quien es el representante legal de la Federación Colombiana Víctimas de FARC, asevera considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad personal, la vida y a la integridad persona después de recibir amenazas por parte de presuntos integrantes del Estado Mayor Central.

Por medio del documento, el demandante solicitó al presidente Gustavo Petro suspender el cese al fuego con la facción del EMC que es liderado por alias Calarcá. Además, pidió a la Fiscalía levantar la medida que suspendió las órdenes de captura en contra de numerosos miembros de este grupo armado al margen de la ley.

De igual manera, demandó que el director de la Unidad Nacional de Protección suspendiera "toda decisión de medios como camionetas, armas, chalecos y hombres de seguridad y protección para los miembros del Estado Mayor Central de las FARC".

Velásquez argumentó que estas medidas tomadas por el Gobierno lo ponían en un nivel de riesgo a él y a "toda la población colombiana en general, ya que son medios y facilidades para que las FARC-EP continúen causando zozobra, terror, violencia contra los derechos humanos y aumenten su capacidad de daño y de control territorial".

Aunque en primera instancia se negaron las medidas provisionales solicítadas, la acción de tutela promovida por Sebastián Alonso Velásquez Vélez fue admitida.

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