Condenan a seis policías por tortura a motociclista que no portaba SOAT ni técnico-mecánica

16 años y seis meses de prisión es la condena que el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Medellín estipuló contra los subintendentes de la Policía Nacional Hernando Pachón Beltrán y William Felipe Foliaco Segura; y a los patrulleros Steven José Salcedo Henríquez, Juan David Passos Divasto, César Augusto Hernández Guerrero y Óscar Yamit Salas Lopera.

Los uniformados fueron hallados culpables de privación ilegal de la libertad y tortura agravada.

Los hechos se remontan al 3 de octubre de 2017, a las 8:30 de la noche, cuando un motociclista de 26 años fue retenido en vía pública del noroccidente de Medellín “porque la moto en la que se movilizaba no tenía al día la revisión técnico-mecánica ni el seguro obligatorio a terceros (SOAT)”, informó la Fiscalía.

Posteriormente, el motociclista fue trasladado al comando de la policía del barrio Villa Hermosa “y allí habría sido golpeado durante tres horas, luego de ser señalado como presunto responsable de un supuesto atentado que sufrieron los uniformados días antes”.

Cuando las agresiones terminaron, el conductor fue dejado en libertad y, de inmediato, este se dirigió al búnker de la Fiscalía a imponer la respectiva denuncia.

Allí explicó que fue agredido presuntamente con patadas, puños, planazos y recibió amenazas con arma de fuego.

Un fiscal ordenó que, para establecer si eran veraces sus señalamientos, peritos fueran al comando de Villa Hermosa y realizaran labores de investigación con modernos aparatos.

“Mediante la utilización de luces forenses, obtuvieron rastros y muestras de sangre en tres puntos específicos de la edificación, que coincidieron con los señalados por la víctima”, explicó el ente acusador.

Además, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la víctima recibió heridas en la cara, la espalda y el abdomen, que le generaron una incapacidad provisional de 10 días.

Así las cosas, la Fiscalía pidió la captura de los uniformados, la cual fue avalada por un juez, y los seis policías fueron detenidos por el CTI y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Tras hallar culpables a los seis policías, el juez fue más allá y ordenó que se investigue al entonces capitán y comandante de ese comando, Juan Rodrigo Roa Sánchez, por los mismos delitos y por falso testimonio.

También se ordenó investigar por falso testimonio a otros testigos que declararon a favor de los policías durante el juicio.

Los abogados defensores de los procesados apelaron la decisión ante el Tribunal Superior de Medellín.