Comunidades del Pacífico colombiano están agobiadas por la violencia en la región

Desde hace semanas el Pacífico nariñense vive una densa situación de orden público y seguridad que los ha llevado a declarar una crisis humanitaria en la zona, la cual ha confinado y desplazado a miles de personas. Violación de derechos e incumplimientos por parte del gobierno, dentro de los llamados de atención más importantes que hace la comunidad.

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Las poblaciones de Ricaurte, en Nariño; Bajo San Juan, en Buenaventura; Novita y Sipi, en Chocó, han sufrido en carne propia el fenómeno del desplazamiento derivado del conflicto armado y la violencia sin control en la zona. Según la Defensoría del Pueblo, solo en Chocó, el 79% de los habitantes se encuentran confinados por el accionar de los grupos criminales.

Carlos Camargo, defensor nacional del pueblo, expuso que solo en ese departamento alcaldes, personeros, corregidores, juntas de acción comunal y docentes han sido víctimas del desplazamiento.

"En los últimos días, se ha reconfigurado el conflicto armado, llevando así a sus comunidades a desplazarse y confinarse. También el paro armado que mantuvo restringida la libre movilidad en nuestros territorios", aseguró Elizabeth Moreno, líder de la comunidad de San Juan, en la zona rural de Buenaventura.

Quienes están dentro de los territorios relatan la dura temporada que atraviesan en medio del miedo y el fuego cruzado de una situación de violencia que en cualquier momento podría desbordarse. Ante esto, Moreno dice que hoy los familiares de los individuos que han sido retenidos en contra de su voluntad claman por su pronto regreso a casa.

Las cifras de estas regiones del sur del país son increíblemente alarmantes, con hasta 5.000 desplazados por zona. Esta crisis humanitaria llevó a la Iglesia católica a alzar su voz frente a la situación, debido a que consideran que el Gobierno no ha cumplido ni protegido a los pobladores.

Para Laura Bonilla, subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación, el Gobierno debe contemplar soluciones urgentes para garantizar la seguridad de las comunidades.

En su concepto, la presencia militar debe velar por proteger a la población, sin embargo, esto debe complementarse con acciones que permitan aplacar las problemáticas de seguridad, "no dejarle el alivio a la población, el desescalamiento de la violencia, como una situación exclusiva de las mesas de negociación porque eso sí sería un grave error".

Desde el Gobierno Nacional se pronunció un rechazo a los hechos de violencia que pone en riesgo el bienestar de las comunidades, añadiendo que está avanzando el trabajo en las mesas de paz instauradas en la zona.

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