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¿Compraron firmas?: Los audios que salpican a dos promotores de la revocatoria a Daniel Quintero

Las grabaciones fueron publicadas por el mandatario en sus redes e hizo la denuncia por las presuntas irregularidades del comité de revocatorio.

El alcalde de Medellín,Daniel Quintero, denunció en sus redes sociales que los promotores que buscan removerlo de su cargo cometieron fraude, compraron firmas y triangularon recursos a través de fundaciones.

“Un empresario, a cada uno de sus empleados le entregó de a 2 planillas o de a 5 planillas y les dijo: "si ustedes me traen cada planillas llena yo les doy un día compensatorio" ¿Eso qué les cuesta a ustedes? Hagan eso en sus empresas”, dijo Andrés Rodríguez, promotor de la revocatoria, en una grabación divulgada por el alcalde Quintero en Twitter.

No obstante, desde el comité de la revocatoria respondieron:

“Un audio completamente normal, más irregular la grabación ilegal, eso si es irregular, eso sí es ilegal. Me parece que a Daniel Quintero hay que ponerle un freno en este momento y creería yo que ahora lo que nosotros vamos a proceder es a instaurar una queja disciplinaria en la Procuraduría o dónde nos toque hacerlo”, declaró

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Al audio se suma a otro en el que Julio González, concejal de Medellín y también promotor, aparentemente pide dineros a empresarios:

“Tenemos más o menos 110 millones de pesos, necesitamos recoger otros 110 millones de pesos para este proceso de recolección de firmas”, dice el concejal González en las grabaciones.

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Por su parte, el alcalde denunció triangulaciones para las donaciones y compra de firmas.

“Una corporación que se puso en la mitad para que no se vieran quienes eran los verdaderos donantes de la revocatoria y quizás para volarse los topes, lo cual es una irregularidad y un delito en el Código Penal Colombiano”, manifestó Daniel Quintero.

Andrés Rodríguez anunció que ampliará su denuncia por calumnia ante Quintero, mientras que Julio González aseguró haber denunciado penalmente al alcalde.

Este martes, en Bogotá, fue radicado el recurso de apelación que busca impugnar la tutela con la que un juez obliga a la revisión del informe técnico de las firmas presentadas como lícitas porla Registraduría, el pasado 24 de diciembre.

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