Son varios los derechos que el Estado colombiano tendrá que garantizar a la población venezolana migrante que regularice su situación.
El primero es el ingreso al sistema de salud, pues muchos migrantes no están en el régimen contributivo ni subsidiado y, desde el 2017 hasta el 2020, el gasto del Estado en este servicio para migrantes fue de 557.423 millones de pesos.
"Cuando sufren algún tipo de accidente van a un centro hospitalario. Son atendidos por protección constitucional, pero el costo de esta atención es supremamente elevado. ¿Por qué? Porque no están en un esquema de aseguramiento", indica Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.
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También el acceso a la educación. Según la Gerencia de la Frontera, en el país hay 351.660 niños y el costo de la educación para los migrantes, solo en el 2019, fue de 464.204 millones de pesos.
"Ahí se generaba una confusión entre el hijo que tenía el derecho a la educación y el padre que se encontraba de forma irregular, y a veces por dinámicas de solicitud de documentos el acceso al derecho de bloqueaba", explica Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
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En materia laboral, los migrantes podrán trabajar legalmente y acceder al sistema de seguridad social.
"La regularización de un millón de venezolanos va a contribuir en el mediano y largo plazo al crecimiento económico del país y va a reducir la informalidad”, opina Iván Jaramillo, investigador en temas laborales.
El impacto económico se vería reflejado en más personas tributando y mayor control sobre sus recursos.
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Así lo explica el investigador Ronald Rodríguez: "El estar en la regularidad lo que permite es que muchos de esos recursos que ellos podían aportar al esquema colombiano y se iban en esquemas informales ahora tengan la oportunidad de entrar a los esquemas de economía formal".
Otro aspecto es la vivienda y la infraestructura. En los departamentos con mayor población migrante: Arauca, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Putumayo se han emprendido 185 proyectos con una inversión de 800.000 millones de pesos para la provisión de agua potable, alcantarillado, mejoramiento de hospitales y escuelas.
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