Comisión de la Procuraduría llegó a Buenaventura: evidenció violencia y desplazamiento

Los ojos de Colombia están puestos en Buenaventura , un territorio que está sufriendo una ola de violencia protagonizada por grupos armados. Producto de esta situación, la Procuraduría envió una comisión extraordinaria para evidenciar que la población experimenta un aumento de crímenes.

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“Esta situación humanitaria que conoce la Procuraduría hace parte de las labores preventivas que se han desarrollado desde el nivel nacional en articulación con nuestras oficinas en territorio. Hemos advertido del desplazamiento de cerca de 12 familias. Hemos advertido y conocido del registro de poco más de 15 eventos armados entre el 19 y 21 de mayo. Hemos conocido hechos consumados como el confinamiento, restricciones a la movilidad”, aseveró José Luis Martínez, coordinador de la comisión de urgencia que llegó a Buenaventura.

Él también hizo referencia a “amenazas y riesgos contra la vida de líderes y organizaciones en el territorio”.

Por su parte, monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, pidió al Gobierno nacional que se atienda esta situación que azota a la ciudadanía.

“No ha habido una negociación entre el Estado colombiano y ellos. Creemos que la próxima semana se instale oficialmente la mesa pública de negociación, donde ya el Estado colombiano se va a sentar con ellos. Vamos a estar con los empresarios, organismos institucionales, garantes internacionales y nosotros como acompañantes”, sostuvo el religioso.

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¿Militarización del puerto?

La Iglesia católica aseguró que el abandono del Estado es el motor que mueve la violencia en Buenaventura . Desde la Gobernación del Valle del Cauca pidieron la militarización del puerto ante los graves casos de hostilidades que se han registrado en las últimas horas.

“Esa acción del Estado tiene que ser por una parte de contundencia en todos los sentidos, el militar, social, económico, pero también intervención de las zonas en las que no existen las condiciones mínimas para desarrollar la actividad social y comunitaria, sistema de salud, convivencia, empleo. Necesitamos una intervención integral”, manifestó monseñor Rubén Darío Jaramillo.

Entretanto, el Gobierno nacional no descarta la posibilidad de una militarización en Buenaventura.

“El hecho de que existieran eventualmente acuerdos entre bandas no significa que son acuerdos con la fuerza pública para que deje de cumplir con su actividad constitucional. Que haya pactos entre bandos no significa, por ejemplo, que no se ejecuten las órdenes de captura”, aseguró Iván Velásquez, ministro de Defensa.

Los sectores gastronómicos, turismo y comercial plantean que la situación se complica tras el cierre de unos 190 establecimientos y el robo de otros 52. Ellos estarían del lado de la militarización.

“Aquí son muchas organizaciones de base que llevan dándole frente a esa situación, que están haciendo procesos sociales, que dan futuros suelos a estos jóvenes para que crean y entiendan que hay una vida más allá de la guerra”, sostuvo María Isabel Ulloa, directora del Propacífico.

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