El comandante del Ejército de Colombia, general Eduardo Zapateiro, se pronunció este viernes, 1 de abril de 2022, sobre la operación en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 11 personas muertas y 5 más heridas, entre ellas, un soldado profesional.
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La acción fue presentada como un duro golpe a las disidencias de las FARC, pero después se conocieron denuncias porque entre los muertos estaba el presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda El Remanso, un gobernador indígena y, según las familias, varios civiles.
El general Zapateiro insistió en que esta era una operación planeada y que su objetivo era alias ‘Bruno’, jefe de finanzas de la estructura 48 de las disidencias de las FARC, además de que se hizo atendiendo las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y también denuncias de la comunidad de Puerto Leguízamo, donde se han registrado 228 homicidios entre 2021 y 2022.
“Esta operación inicia con un planeamiento riguroso basado en nuestra doctrina, el desarrollo del proceso militar de la toma de decisiones, comienza con el desarrollo de la operación especial, cumpliendo las diferentes fases de una línea de tiempo de 15 días para su ejecución”, dijo.
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Anotó que, “después de una inserción de asalto aéreo, (las tropas) realizan la infiltración por más de 10 días” y “el lunes 28 de marzo, aproximadamente a las 7 a. m., se inician los combates contra la estructura 48. Los actos urgentes fueron realizados por el CTI de la Fiscalía General de la Nación".
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Asimismo, señaló que la operación se ejecutó en el marco del derecho internacional humanitario y que los disidentes de las FARC actúan vestidos de civil, además de que tenían fusiles en el momento de los combates.
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A pesar de esta declaración de las fuerzas militares, la ONG Human Rights Watch presentó un derecho de petición al Ministerio de Defensa de Colombia para que aclare las dudas sobre esta operación militar en Putumayo que dejó 11 personas muertas...
La ONG eleva a ese despacho una serie de inquietudes pidiendo claridad sobre la información que posee para asegurar que las personas que murieron eran “criminales”.
También, pide datos sobre los militares que participaron en la operación y el material de guerra incautado, a raíz de las denuncias de la comunidad y de organizaciones civiles de Puerto Leguízamo que aseguran que las 11 personas muertas no eran disidentes de las FARC.
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