Alegría y esperanza se conjugaron en un solo espacio al ser oficializados, como libres de sospecha de minas antipersonal, los municipios de Colosó, en Sucre, y San Jacinto, en Bolívar, luego de una fuerte intervención liderada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El trabajo, que fue adelantado por más de 150 hombres de la Compañía de Desminado Humanitario, adscritos a la Brigada de Infantería de Marina No.1 en Corozal, permitió la entrega de estos dos territorios, que se suman a los recientes 11 municipios declarados libres de sospecha de minas antipersonal, en el evento realizado en Sonsón, Antioquia, el pasado 4 de abril.
Precisamente, el alto comisionado para la paz junto con el almirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, comandante de la Armada Nacional, le entregaron esta buena noticia a Colombia.
Es de recordar que Colombia ya cuenta con el 78% del territorio libre de sospecha de minas antipersonal. De estos, 186 se liberaron mediante desminado humanitario y 15 más por cualificación de información, durante el gobierno del presidente Iván Duque Márquez.
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La meta trazada en el Plan de Desarrollo Nacional de este gobierno contemplaba liberar de sospecha a 180 municipios. Superada la cifra, el reto es llegar hasta los 200 municipios liberados con las labores de desminado humanitario.
Desde 2010, en Colombia se han realizado más de 31.000 actividades de prevención, llegando a más de 656.000 beneficiarios. Durante el actual gobierno se han realizado más de 21.000 actividades, impactando a más de 350.000 personas ubicadas en zonas de alta afectación de minas y artefactos explosivos.
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En 2021 se realizaron 9.683 actividades con 93.000 beneficiados, entre estos, más de 30.000 niñas y niños. De las 181 rutas implementadas, han entrado en operación 171 Rutas de Asistencia Integral a Víctimas (163 municipales y 16 departamentales), de las cuales 11 se han concertado con comunidades étnicas.
Según cifras oficiales, desde 1990 hasta el 31 de octubre de 2021, las minas antipersonal y municiones usadas sin explosionar han ocasionado un total de 12.170 víctimas, de las cuales 4.884 son civiles y 7.286 son miembros de la fuerza pública.
En el año 2021 hubo 152 víctimas. En el 2022 se han registrado 24, 22 civiles y dos integrantes de la fuerza pública. Seis de las víctimas son menores de edad.
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