La hermosura de la ciénaga de San Silvestre, un importante complejo cenagoso en Barrancabermeja, Santander, reservorio de aves y hogar del manatí antillano, entre otros, contrasta con lo peligroso que se convirtió defender ese maravilloso ecosistema vivo.
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Noticias Caracol en vivo acompañó en su embarcación a Wilson Díaz, uno de los tantos pescadores defensores de la ciénaga, que por denunciar los impactos ambientales en sus caños ha visto comprometida su seguridad.
“Vemos que uno hace denuncias sobre el medio ambiente, pero es preocupante porque recibimos amenazas y no tenemos ayuda, ni protección del Estado, entonces estamos vulnerados en nuestros derechos”, relató Díaz.
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Yuli Velásquez, presidenta de Fedepesan, es otra lideresa que en tres ocasiones ha sido víctima de atentados sicariales por denunciar no solo daños ambientales en el Caño Rosario sino en la misma ciénaga de San Silvestre.
“Nos estigmatizan por ser esos veedores y mostrar esas realidades que padecemos día a día; por eso sufrimos atentados, amenazas desplazamientos. Se puede decir que defender el agua, que defender el medio ambiente, es sinónimo de muerte en esta ciudad”, adujo Velásquez.
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El caso de los defensores de derechos humanos en Barrancabermeja y otras regiones del país fue analizado por Amnistía Internacional, que eligió esta ciudad para lanzar su último informe sobre derechos humanos en Colombia.
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, señaló: “Amnistía Internacional considera que Colombia se encuentra en un momento histórico”.
El informe es crítico con el Gobierno, pues considera que sus políticas públicas se quedan cortas en un mar de normas y leyes que no dejan avanzar en la protección efectiva de los líderes sociales.
“Eso también es parte del problema, que tal vez esas normas y leyes son demasiadas, con demasiadas instituciones que están a cargo de cada una de esas normas, que no necesariamente se coordinan entre sí, que no necesariamente se coordinan con los gobiernos locales para poder implementar en terreno lo que se requiere”, complementó Piquer.
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¿Qué dice el más reciente informe de la ONG Global Witness sobre asesinatos de líderes ambientales en Colombia?
En el contexto internacional, Latinoamérica no sale bien librada, según el último informe de la ONG inglesa, Global Witness, que desde el año 2012 monitorea los casos de violencia contra defensores del medio ambiente.
Laura Furones, investigadora principal del informe de Global Witnees, explicó que “hemos contabilizado un total de 196 asesinatos de personas defensoras a nivel global, pero es que además América Latina emerge muy de lejos como la región en la que más datos hemos recabado”.
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Colombia tienen el deshonroso título de ser el país más inseguro para los defensores del medio ambiente, sostiene Laura Furones, investigadora principal del informe.
“El caso de Colombia es particularmente sangrante, porque estamos hablando de 69 asesinatos de esos 196 ocurridos solamente en un país, en Colombia, esto supone más de un 40% de los casos a nivel global”, puntualizó Furones.
La Corte Constitucional recientemente ratificó el Acuerdo de Escazú, convenio internacional que busca la transparencia de la información del Estado en los procesos ambientales y de protección de la vida de los defensores del medio ambiente, más herramientas legales pero en terreno piden soluciones reales.
“Nosotros necesitamos que el Gobierno nacional aplique en debida forma el Acuerdo de Escazú de proteger realmente a los lideres ambientales”, señaló Leonardo Granados, director de la Corporación San Silvestre Green.
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Yuli Velásquez ha burlado tres veces a la muerte. Es una sobreviviente que, por fortuna, no engrosó la estadística de líderes asesinados y este año fue la ganadora del premio a los derechos humanos, otorgado por Amnistía internacional en Alemania.
“Me siento muy feliz, muy honrada, pero creo que también que se están honrando nuestros muertos, aquellos que asesinaron y lanzaron al río”, expuso Velásquez.
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Pero más que honrar la memoria de los caídos, los líderes sociales quieren es que les respeten la vida y que Colombia deje de ser el lugar más peligroso del mundo para los que defienden el medio ambiente.
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