Colombia deja de operar 18 helicópteros antinarcóticos de EE. UU. tras suspensión de ayuda exterior

Colombia dejó de operar 18 helicópteros antinarcóticos que pertenecen a Estados Unidos, su principal socio militar en la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico, luego de que ese país norteamericano congeló los programas de ayuda al extranjero.

La información fue confirmada por la propia Policía Nacional, que se pronunció este jueves sobre la situación de los helicópteros Black Hawk de la Policía Antinarcóticos. En un comunicado, la institución aclaró fue informada el pasado sábado 25 de enero de la decisión del Gobierno de Estados Unidos de "revisar durante 90 días los Programas de Asistencia Extranjera", que incluye a estos helicópteros.

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"En aplicación de esta medida, la operación aérea de la Policía Nacional con helicópteros Black Hawk UH60 se mantiene con 14 de estas aeronaves: 10 pertenecientes a la institución y 4, al programa de cooperación con Estados Unidos", se lee en el comunicado emitido por la Policía Nacional.

Hay que decir que hasta la reciente llegada del presidente Donald Trump al poder en Estados Unidos, la policía colombiana contaba con el apoyo de 22 de estas aeronaves estadounidenses como parte de los acuerdos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, con la nueva orden del líder republicano, de esas 22 aeronaves americanas solo tienen permiso para volar 4, por lo que son 18 los helicópteros que permanecerán en tierra. Estados Unidos se venía encargando del mantenimiento de esas aeronaves.

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Según se conoció, no habrá repuestos y reparación de los helicópteros. Tampoco habrá recursos para el combustible de estas aeronaves.

"Esta capacidad aérea con helicópteros UH60 se suma al componente aéreo con que cuenta la Policía Nacional de Colombia", agregó la Policía Nacional en su comunicado, en el que señala también que, "en el marco de la fluida cooperación internacional, continúa desarrollando la agenda trazada con las distintas agencias de los Estados Unidos para consolidar las operaciones contra el narcotráfico y demás manifestaciones del crimen organizado".

Este comunicado se emite luego de las versiones que señalaron que el gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, había congelado la operación de un número considerable de helicópteros Black Hawk de su propiedad que prestaban su servicio de cooperación en el país.

Hay que aclarar también que esta decisión no está relacionada con la reciente crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia por los vuelos de ciudadanos deportados, que se desató el domingo.

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Esta medida hace parte de la política de Trump del congelamiento de fondos para la ayuda de Estados Unidos en el exterior, en la cual se hizo una excepción para los programas de alimentos de emergencia y la ayuda militar a Israel y Egipto. El anuncio lo hizo el jefe de la diplomacia de Trump, Marco Rubio, el viernes de la semana pasada.

Noticias Caracol confirmó más temprano este jueves que las aeronaves señaladas, que le prestaban ayuda al Ejército y la Policía en la lucha contra las drogas, ya no se podrán utilizar en el país. Estas aeronaves, usadas además para transportar tropas colombianas, están en este momento en Mariquita, Tolima; Putumayo, y la ciudad de Bogotá.

Colprensa

Y es que el apoyo de Estados Unidos es vital para Colombia, el principal productor de cocaína del mundo. Su arsenal, inteligencia y tecnología han sido claves para las capturas de grandes capos de la cocaína en el país sudamericano. Desde 1999, Estados Unidos respalda a sus fuerzas militares con el "Plan Colombia", una ayuda millonaria para combatir grupos guerrilleros que se financian con la droga y cárteles del narco.

Pese a esos esfuerzos, Colombia sigue siendo el país que más produce el polvo blanco (2.600 toneladas en 2023) y Estados Unidos su principal destino. Con 253.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, es el país con más narcocultivos, según el más reciente informe de la ONU.

Entre las medidas del Gobierno de Trump también se congelaron 400 millones de dólares (más de $1 billón de pesos) que giraban a entidades como la JEP y la Agencia Nacional de Tierras, así como programas para la implementación del Acuerdo de Paz.

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