La fiscal Angélica María Monsalve, quien denunció presiones indebidas y una orden de traslado al departamento de Putumayo, según ella por investigar un supuesto caso de corrupción en Bogotá, hoy se encuentra bajo la amenaza de miembros del Clan del Golfo, según confirmó el general Fernando Murillo, director de la Dijín.
“En el desarrollo de la operación Cóndor contra el narcotráfico y específicamente contra el Clan del Golfo, a través de fuentes humanas recibe la información de un posible atentado que se está planeando en contra de una funcionara de la Fiscalía General de la Nación, específicamente la doctora Angélica María Monsalve”, detalló el alto oficial.
Dicho riesgo fue informado personalmente por el general Murillo a miembros del ente investigador, que dispusieron un esquema de protección inmediato a la funcionaria delegada ante los jueces del circuito.
…se ha dispuesto, a través de la dirección de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación, la asignación de un esquema de protección de manera inmediata, preventiva y extraordinaria.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que Angélica María Monsalve, que hace más de 20 años trabaja en el ente investigador, no ha tenido a su cargo ninguna investigación relacionada con grupos armados organizados y que, por el contrario, se ha dedicado a manejar temas de violencia intrafamiliar, situación que es preocupante para organizaciones como Asonal judicial.
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Para su presidente, José Fredy Restrepo, esto “puede tener dos variantes distintas: de un lado incrementar su situación ya difícil frente al traslado, toda vez que una amenaza de muerte genera un impacto emocional muy complicado que afecta a la persona y a la familia, pero también puede terminar siendo una figura mediante la cual la Fiscalía pueda, a partir del recurso de reposición que ya presentó, reversar la decisión de trasladarla”.
La investigación que actualmente adelanta Angélica María Monsalve tiene que ver con un millonario negocio que se entregó durante la alcaldía de Samuel Moreno: la concesión del recaudo del sistema integrado de transporte, que involucra a varios miembros de la familia Ríos Velilla y cuya audiencia de imputación de cargos se llevará a cabo el próximo 25 de abril.
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