Clan del Golfo estaría cobrando extorsiones para financiar hechos violentos en paro minero

Para las autoridades, detrás de los hechos violentos en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño estarían tres estructuras del Clan del Golfo que incluso exigirían pagos a comerciantes para financiar actos de vandalismo en medio de las protestas.

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Casi la mitad del oro que se produce en el departamento de Antioquia corresponde a minería ilícita y su nicho principal es la subregión del Bajo Cauca Antioqueño.

Y buena parte de esa riqueza aurífera en la región, según las autoridades, es prácticamente administrada por tres subestructuras del Clan del Golfo: la Uldar Cardona Rueda, al mando de alias ‘Chirimoya’, con cerca de 215 miembros; la Julio César Vargas Torres, al mando de alias ‘Gavino’, con unos 160 integrantes; y la subestructura Yeison Leudo Chaverra, al mando de alias ‘Darío’ o ‘el ‘Costeño’, con 55 integrantes entre hombres en arma y milicias.

Son los mismos que estarían detrás del vandalismo en esa región.

"Es toda una cadena multicrimen que hay detrás del oro y que responde a la destrucción de maquinaria del Gobierno y a la presión, incluso al auxilio que se le busca dar a la minería artesanal", dice Camilo González, director de Indepaz.

Informes de agencias de inteligencia colombiana advierten que el Clan del Golfo controla toda la cadena de la explotación ilícita del metal: yacimientos, dragas, excavadoras, establecimientos de comercio y hasta centros de acopio dedicados al lavado de activos con oro de procedencia ilícita y extraído en el sur de Bolívar.

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Esos mismos agentes de inteligencia advierten que el Clan del Golfo se volvió una especie de socio obligado en el sur de Córdoba, en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño para todo aquel que quiera explotar oro de manera ilícita.

“Allá todo el mundo paga para poder trabajar, para poder vivir, para poder estar, para poder movilizarse. Todos pagan y eso hace mucho más pesada la situación", indica Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades.

Y para las dragas, yacimientos o los frentes mineros ilegales que no sean propiedad del Clan del Golfo, la estructura criminal designa una especie de supervisor que se encarga de controlar la producción para exigirles el 20% del producido.

Ese cobro le genera al Clan del Golfo ganancias millonarias.

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“Lo que está sucediendo en el Bajo Cauca es la manifestación y el interés que tienen algunas organizaciones criminales de continuar con la minería ilegal", explica Hugo Acero, experto en seguridad.

Los informes de inteligencia señalan también que estos grupos criminales habrían establecido tarifas extorsivas para financiar los hechos vandálicos en medio del paro así: a las compraventas les exigirían $400.000, a los dueños de dragas $1.500.000, a los almacenes de maquinaria y repuestos $400.000 y a los dueños de minas $400.000.