Luego de que el ELN levantara el paro armado
después de nueve días, líderes sociales le exigen al Gobierno garantías de seguridad para que cientos de desplazados del municipio de Sipí, Chocó, vuelvan a sus territorios.
“Anunciamos que a partir de las 00:00 horas del día 13 de julio de 2023 levantamos el paro armado indefinido en la región del San Juan”, dijo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de un comunicado. Unos 25.000 habitantes de ese departamento quedaron confinados por la violencia.
Por el río San Juan, lentamente se reactiva la movilidad desde y hacia el sur del Chocó. “La gente se está desplazando con miedo, otros están encerrados, no salen de su casa por temor también, y esta es una situación que el Gobierno debe ponerle atención”, resaltó Américo Mosquera, habitante de Istmina.
La Defensoría del Pueblo insiste en que, sin garantías de seguridad, tampoco hay tranquilidad ni normalidad en las actividades de los territorios.
“Las confrontaciones en las cuales queda inmersa la población civil, las amenazas directas sobre la población, por parte de los grupos ilegales y la instalación de trampas explosivas y homicidios selectivos”, sostuvo Luis Murillo Robledo, defensor del pueblo en Chocó.
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La Iglesia católica invitó al Gobierno nacional y a los grupos ilegales a no agotar la vía del diálogo. “Que no se repitan estas acciones, lo mismo al grupo de las AGC y a la fuerza pública que cumpla realmente su función constitucional”, agregó monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de la Diócesis de Quibdó.
Desde las organizaciones étnicas y territoriales le exigieron al Gobierno nacional atender de manera diferencial la situación social del Chocó. “Los actores armados que generan violencia han tomado tanta fuerza que hoy dicen cuándo y cómo se moviliza la gente y cuando no. El Gobierno ha estado respondiendo con las mismas acciones que históricamente han hecho”, concluyó Richard Moreno Rodríguez, coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano.
Se espera que en los próximos días puedan ser entregadas las ayudas humanitarias para las 52 comunidades confinadas y más de 800 desplazados.
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Por el río San Juan suben y bajan hasta 100 botes diariamente con provisiones del sur del Chocó. Sin embargo, la actividad se vio paralizada desde que se dictaron las restricciones en la movilidad. Los más afectados fueron las familias que viven en las riberas de este importante afluente.
Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, realizó un duro cuestionamiento al ELN por estas acciones contra la población civil.
"Bloquear a una población, pues es completamente la antítesis de mandar mensajes de convivencia. Yo quiero recordarle al ELN que un proceso de paz lo puede negociar el Gobierno con una organización insurgente, pero lo valida es la sociedad y la sociedad frente a estos hechos evidentemente genera un rechazo", dijo Luis Fernando Velasco.
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