Cese al fuego con grupos armados: ¿cómo sería la verificación de su cumplimiento?

Si bien el anuncio de cese al fuego bilateral con cinco organizaciones armadas ilegales se convierte en un hecho inédito en el país, también en palabras de analistas siembra un reto mayúsculo para el Gobierno: ¿cómo lograrlo?Cese al fuego: ¿quiénes son los cabecillas de los grupos armados que hacen parte del acuerdo?“Es fundamental que se conozca la respuesta de cada una de las cinco organizaciones a quienes se dirigió esta propuesta. No es aceptable, creo que yo, que solo una parte del Gobierno vaya a definir un mecanismo de verificación sin que la otra parte participe en la definición del mismo”, indicó Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional.Para Max Yuri Gil Ramírez, profesor del Instituto de Estudios Políticos (UdeA), “hay un elemento que le añade un poco más de complejidad y es que estamos hablando de organizaciones muy visibles, con una presencia a veces muy grumosa en el territorio; no estamos hablando de una estructura central, eso es más fácil con el ELN o como se hizo en su momento con las FARC, tiene que encarar además el reto de que no habrá concentración de las unidades militares”.“No es solamente apagar los fusiles, sino que tendrían que mandar unos mensajes en relación con ese tipo de actividades ilícitas, entre ellas, yo propondría abiertamente que manden un mensaje en materia de no secuestrar durante esos seis meses y ojalá de aquí para adelante todos esos actores con los que el presidente se va a sentar”, dijo Pedro Viveros, analista.Estos son los grupos armados que harán parte del cese al fuego: ¿cuál es su poder militar?Por su parte, Héctor Riveros, panelista de Blu radio, señaló: “Las dos partes asumen unos compromisos y claro que lo lógico es que las dos partes designen un árbitro, que es finalmente quien decide si las reglas que se han aceptado se están, o no, cumpliendo”.Según el Gobierno nacional habrá un protocolo para cada grupo ilegal con monitoreo permanente, rendición de cuentas al país cada dos meses con la participación de la Iglesia católica, Defensoría del Pueblo, y el mecanismo de verificación de la ONU.