Centros Poblados deberá pagar al Estado colombiano 87.027 millones por incumplir contrato

La Unión Temporal Centros Poblados deberá pagarle al Estado 87.027 millones de pesos por incurrir en irregularidades en la ejecución de contrato y no cumplir con la instalación de 7.277 centros digitales en zonas apartadas de Colombia. Así lo estipuló un fallo de la Contraloría General.

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La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría sostuvo que hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, lo que hizo que varios sitios apartados del país se quedaran sin acceso a internet.

La entidad ordenó el pago por $87.027 millones por parte de Centros Poblados por irregularidades en el contrato 1043 de 2020, el cual se celebró entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones del gobierno de Iván Duque y Centros Poblados. “Se materializó en el incumplimiento de la entrega total de equipos para la culminación del proyecto, situación que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado asociados con el propósito de llevar conectividad gratuita a las zonas más apartadas de Colombia”, dijo la Contraloría.

El ente de control señaló que “hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país”.

Por tal motivo, la Contraloría determinó “fallar con responsabilidad en contra de las firmas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, en tanto que en calidad de contratistas no ejecutaron el contrato en los términos pactados”.

Colprensa

¿Qué pasó con los 70.000 millones de Centros Poblados?

La Contraloría especificó que “esta situación conllevó a la terminación anticipada del contrato que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa por parte el consorcio, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo ($70.000 millones)”.

Además de la responsabilidad de Centros Poblados, el ente de control manifestó que hubo omisión en la entrega de los equipos por parte de la respectiva empresa proveedora y por eso declaró responsable fiscal al representante legal de la empresa distribuidora.

La Contraloría “falló responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que las soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos, esto es, la totalidad de los equipos necesarios para en cumplimiento del proyecto”.

¿Y los funcionarios del Mintic en el caso Centros Poblados?

La Contraloría falló sin responsabilidad fiscal en contra de los funcionarios del Fondo Único de Mintic (Funtic) luego de la valoración integral de las pruebas y los argumentos de la defensa.

En el caso de Adriana Meza, quien fue representante legal delegada del Funtic, “quedó acreditado que solo hasta el 20 de mayo de 2021 se le puso en su conocimiento de la situación de incumplimiento del contratista, de ahí que no contaba con fundamentos de hecho que le permitieran adelantar las acciones estipuladas en el contrato de aporte para conminar a la Unión Temporal al cumplimiento de sus obligaciones o solicitar la suspensión del giro de los recursos o la devolución del dinero por concepto de anticipo”, explicó la entidad.

Sobre Sandra Orjuela, que fue subdirectora de gestión contractual de Mintic, dijo el órgano de control, “se probó que adelantó todos los procedimientos que le eran exigibles funcional y legalmente para la aprobación de las garantías bancarias sumado a que, tal y como quedó acreditado ante la Jurisdicción Penal, la misma fue inducida en error por parte de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020”.

Por último, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, que fue supervisor del contrato, según la entidad, “quedó probado que no intervenía ni directa, ni indirectamente en la aprobación de las órdenes de pago, puesto que dicha obligación recaía única y exclusivamente sobre la interventoría”.

¿Qué sucedió con Karen Abudinen en el caso Centros Poblados?

El pasado 24 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación determinó archivar la investigación contra Karen Abudinen, quien fue ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el gobierno del expresidente Iván Duque y que llegó a ser mencionada en el caso de corrupción de Centros Poblados.

Según el órgano de control, no se comprobó ninguna conducta irregular, es decir, durante la investigación disciplinaria no se hallaron pruebas suficientes que demostraran que Karen Abudinen cometió una falta disciplinaria en relación con las irregularidades en la adjudicación del contrato 1043 de 2020, correspondiente a la Unión Temporal Centros Poblados.

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El segundo aspecto que determinó la Procuraduría fue el de inexistencia de responsabilidad directa por parte de la exfuncionaria. Los análisis, dijo la entidad, “no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudieran generar responsabilidades disciplinarias”.

Por último, la entidad explicó que “el proceso se puede archivar cuando se comprueba que el hecho atribuido no existió o no hay elementos que demuestren la responsabilidad del investigado” y que la conducta atribuida a Karen Abudinen “no encajaba en los supuestos que justificarían una sanción disciplinaria”.

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