El pasado 28 de enero se conoció el caso de la pequeña María Camila Plazas, de 10 años, quien fue asesinada dentro de su casa en Pitalito, Huila, cuando intentó defenderse de un violador que, presuntamente, había salido hace dos días de la cárcel.
El presunto homicida fue identificado como Jonathan Francisco García Tapias, de 27 años, a quien al parecer habían detenido en Bogotá por acto sexual violento y fue trasladado a la cárcel en Pitalito, donde pagó 16 meses de prisión.
Dos días después de ser liberado, el sujeto, al parecer, ingresó forzosamente a la vivienda donde se encontraba la menor con su abuela, junto a otras dos niñas de 7 y 10 años. Según vecinos del sector, el agresor les habría dicho a las pequeñas que las iba a violar y luego a asesinar.
Cabe resaltar que el delito de acto sexual violento, según el Código Penal, contempla de 8 a 16 años de cárcel, por lo que expertos creen que obtuvo beneficios jurídicos, probablemente, por allanarse los cargos y por buen comportamiento. Sin embargo, no se cumplió la resocialización del sujeto, de acuerdo a los analistas.
María Camila Plazas era hija única y estaba bajo el cuidado de su abuela de 67 años, quien se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos tras ser herida en un intento por defenderla.
El señalado criminal fue imputado por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y maltrato animal agravado. Los familiares de la menor piden garantías en el proceso judicial y exigen que este sujeto no vuelva a salir de prisión.
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De acuerdo con el abogado penalista José Gregorio Beltrán, la pena a la que se enfrentaría el presunto responsable de este crimen podría ser de 35 a 40 años de prisión y, en este caso, no tendría ninguna reducción en su condena ya que en la ley de Colombia está prohibido otorgar cualquier tipo de beneficio a los autores de delitos en contra de menores de edad.
Frente al hecho se reavivó el debate acerca de la penalización para personas con conductas delictivas. ¿Son realmente las cárceles un espacio de resocialización?
Según el psiquiatra forense Gustavo Ballesteros, cada delito debe evaluarse de manera individual pesando en los elementos de voluntad de la persona señalada de cometerlo, pues las condiciones de cada individuo varían.
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“La manera como el individuo se relaciona con su entorno hace que estas personas tomen o no una decisión”, asegura.
Para Ballesteros, la conducta individual representa un factor importante en el proceso de resocialización. Si bien la justicia penaliza a los criminales para que generen este proceso, dándoles tiempo para reflexionar sobre su conducta y decidir si quieren o no seguir un camino delictivo, son las personas quienes finalmente resuelven qué hacer después.
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