Carlos Carrillo denuncia posible corrupción de abogado en UNGRD: “Le pedí que se fuera”

Una nueva denuncia en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, hizo el director de esa entidad, Carlos Carrillo. Según el funcionario, hubo un poder en la sombra en la oficina jurídica de la entidad en la pasada administración: se trata del abogado Iván Alfaro.

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“Ese señor básicamente era el director jurídico de facto. Todo el mundo en la entidad lo sabe y han dicho que, aunque él solamente era un contratista, en realidad tenía un papel fundamental en las decisiones de esa dirección. Era un asesor de alto nivel y eso ha pasado muchas veces. Hay directivos que en realidad solamente asumen un contrato para no tener a los organismos de control y para no tener los ojos encima”, asegura Carrillo.

En los documentos publicados por Carrillo se evidencia que el valor del contrato para la prestación de servicios de Alfaro, solicitado por la entonces secretaria general, Ana María Castaño, es de más de 284 millones de pesos, es decir, aproximadamente 24 millones de pesos mensuales ganaría el abogado.

“Yo le pedí que se fuera, yo le pedí que terminara anticipadamente el contrato, pero él insiste en quedarse y es imposible para mí tener una persona devengando esa cantidad de dinero, pues es una persona que no me genera ningún tipo de confiabilidad para darle las tareas que le había dado Olmedo López”, manifiesta Carrillo.

Pero también Carrillo reveló un certificado de disponibilidad presupuestal por 1.200 millones de pesos, solicitado dos días antes de la renuncia de Olmedo López como director de la unidad, en febrero de 2024. El contratista sería la firma Capstone Group Attorneys AT Law SAS.

Según Carlos Carrillo, Alfaro es asociado de esa firma: “¿Por qué digo que la empresa es de él? Porque en esa única certificación que él entrega de experiencia, en el membrete dice claramente que su empresa Alfaro Gómez Asociados es ‘partner’ de Capstone, que es la empresa a la que se le iba a dar ese multimillonario contrato”.

Carrillo señala que esos 100 millones de pesos mensuales “eran para asesoría jurídica, judicial y extrajudicial” y aclara que no se celebró el contrato “porque Olmedo cayó y al día siguiente la nueva directora, Elga Rivas, que fue la encargada durante unos días hasta que yo llegara, ordenó detener toda la contratación, pero estaba listo.

Noticias Caracol buscó al abogado Iván Alfaro para dar su versión al respecto, pero al momento de la publicación de esta nota no obtuvimos respuesta.

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