Con un fuerte dispositivo de seguridad se inició la audiencia, que ha sido considerada histórica, que reúne a víctimas y victimarios de los falsos positivos en Dabeiba, Antioquia. La razón de este despliegue es que 12 personas, entre magistrados, víctimas, comparecientes, testigos y abogados, están amenazados.
En la audiencia, exoficiales del Ejército no solo reconocen su responsabilidad, también hablan de alianzas con paramilitares y miembros de la fuerza pública, quienes, según estos militares en retiro, no solo proporcionaban información, sino también esos insumos necesarios para sobrevivir en medio del conflicto armado.
Los victimarios piden perdón este martes, 27 de junio de 2023, ante las víctimas en el municipio de Dabeiba y señalan que fue una estigmatización lo que ocurrió en ese municipio.
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“Hoy me siento tranquilo. Le estamos dando la cara a ustedes, las víctimas, a sus familiares por lo que estamos haciendo, a la sociedad también y no es lo contrario, los victimarios disfrutando de beneficios o privilegios. Hoy me arrepiento y tengo el remordimiento de haber hecho daño, causado, lastimado, a ustedes las víctimas, la vergüenza que les causé por esa mentira de estigmatizar a todas las víctimas. Así mismo, manchar el nombre de la institución a la cual pertenecí, el Ejército”, dijo el coronel (r) Edie Pinzón, compareciente ante la JEP.
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Aunque algunas víctimas señalan que no están preparadas para ofrecer ese perdón a estos militares en retiro, señalan que están dispuestos a ese cara a cara, a dar la verdad y a dar una reconciliación que el país hoy necesita.
“Debido al terror, presión y esa cortina oscura de terror que se vivía en el municipio de Dabeiba, indudablemente hubo daños colectivos, a nivel familiar, comunitario, (e) indudablemente individuales. Personas desplazadas, familias desplazadas por el terror, por el miedo y, tristemente, comunidades enteras desplazadas, dejando todo su arraigo, dejando todas sus raíces, dejando todo su esfuerzo, por salvaguardar su integridad, su vida. Esto no se repara de la noche a la mañana”, señaló Rafael Góez, víctima del conflicto.
En la audiencia estuvieron presentes los ministros de Justicia, de Defensa y también el alto comisionado para la Paz, quienes celebraron este acto de perdón y de reconciliación entre victimarios y víctimas y señalan que, por lo menos en este gobierno, no se va a permitir el ocultamiento de más delito.
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AMENAZAS A COMPARECIENTES ANTE LA JEP
Y es que una de las investigaciones más dolorosas para Colombia fue la que develó el horror que se vivió en el municipio de Dabeiba cuando los militares, en muchas ocasiones aliados con los paramilitares, asesinaron inocentes para presentarlos como bajas en combate y recibir medallas y premios. Sacar a flote esta verdad, necesaria para el país, también ha tenido un enorme costo para los magistrados, abogados, testigos e incluso para los mismos exmilitares que decidieron confesar el horror que cometieron.
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“Miedo, temor, sale uno con mucha zozobra, ya no puede uno dejar su familia sola porque también es bastante duro”, comenta el sargento (r) Jaime Coral.
El exoficial es uno de los 12 amenazados que tiene medidas extraordinarias de protección por el caso de Dabeiba. Su testimonio revelado por Noticias Caracol, en el que confesó “he asesinado 54 personas”, fue clave para ubicar a los máximos responsables de estos crímenes y, por eso, hoy está en la mira de quienes fueron sus antiguos compañeros de armas.
“Empezaron a tomarme fotografías, a parar vehículos donde yo me encontraba en algún almacén por ahí a comprar alguna cosa. Traje al conjunto donde yo vivía antes a unos señores de la Comisión de la Verdad y estaba también narrando hechos de los cuales yo tengo conocimiento (y), cuando me iba a desplazar a donde mi abogada, ahí ya encontré dos panfletos”, comentó el sargento (r).
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A Coral lo han cambiado cuatro veces de ubicación por seguridad. Hace pocos días ocurrió lo mismo con otro sargento, compañeros suyo, al que le destrozaron el carro que utilizaba para trabajar y pidió omitir su identidad por razones de seguridad.
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“Me agarraron en el carro a golpes por todos lados, yo me agaché porque en realidad pensé que pues que me iban asesinar ese día. Lo único fue uno que se asomó por una de las ventanas rotas y lo único que me dijo (fue) que yo ya sabía por qué”, contó.
Los abogados que representan a estos militares comparecientes ante la JEP tampoco han escapado en las amenazas y las intimidaciones. Y ni siquiera las máximas instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz han escapado de los ataques.
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“Tenemos información que pronto estarán en Urabá y aquí jugamos de local. Nuestro jefe ya ordenó que acabemos con todo aquel que quiera hablar más de la cuenta, muerte a sapos y magistrados lambones”, estos mensajes llegaron al teléfono del magistrado auxiliar Hugo Escobar Fernández, quien es la mano derecha de Alejandro Ramelli, el magistrado encargado del caso de Dabeiba y otros de falsos positivos. Han recibido coronas fúnebres, llamadas intimidantes e incluso han sido víctimas de atentados.