Fiscalía detuvo al suspendido mandatario, Ronald Housni Jaller, y a otros funcionarios de la isla por irregularidades en la celebración de contratos.
El ente acusador encontró “presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por alrededor de 120 mil millones de pesos que habrían sido entregados a los constructores (de obras de infraestructura y de servicios prioritarios en el departamento) que, a cambio de coimas, se quedaron con obras de valorización en Armenia”.
Según la Fiscalía, los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y algunos de sus socios, para quedarse con la construcción de colegios y parques en el departamento, “supuestamente pagaron el 10% del valor de los contratos con el probable auspicio de altos dignatarios del gobierno departamental”.
Los investigadores del caso establecieron que ese porcentaje del valor de los contratos “era pagado en las casas de los involucrados, oficinas y en vehículos oficiales. Los contratistas entregaban el valor pactado a intermediarios quienes serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y algunos funcionarios, que presuntamente manipularon las licitaciones públicas y descartaron a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley”.
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El detrimento patrimonial por concepto de sobornos podría superar los once mil millones de pesos.
Por este hecho, fueron capturadas once personas entre funcionarios y exfuncionarios:
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- Ronald Housny Jaller, gobernador actual de San Andrés (suspendido)
- Aury Guerrero Bowie, exgobernadora de San Andrés
- Alejandro Lozano Bowie, secretario de Infraestructura de San Andrés
- Edelmira Archibold Hawkins, exsecretaria de educación de San Andrés
- Ain Zulema Conolly, jefe Oficina Jurídica de San Andrés
- Tatiana Pérez García, secretaria de Planeación de San Andrés
- Elizabeth O´Neill, supervisora de los contratos adjudicados irregularmente
- Mauricio Jose Rodriguez Cotua, contratista.
- Sergio Fabian Lever Whittaker, contratista
- Luis Albeiro Urrego. supervisor de contrato
- Juan Diego Alvis Cotes, ingeniero civil
Fiscal les imputará cargos por peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y concierto para delinquir.
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