Manuel Alipio Cáceres, un humilde campesino, se convirtió en la más reciente víctima de una mina antipersonal. Se encontraba a escasos metros de una escuela en el corregimiento de Mochadó, en el Bajo Baudo, Chocó, cuando pisó el explosivo por el que terminaron amputándole una pierna.
Una de las estudiantes quedó traumatizada por lo ocurrido, según contó su madre al padre John James Murillo Alegría, de la diócesis de Istmina-Tadó. “Está muy nerviosa, escuchó una bomba y luego las imágenes del herido”, dijo el clérigo.
En lo que va corrido de 2022, 218 personas han sido víctimas de mina antipersonal y, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 9 fallecieron. Lo más dramático es que esto representa el 40% del total de 2021.
“El año pasado registramos el numero más alto de víctimas de artefactos explosivos de los últimos 5 años. Nos preocupa que, si esta tendencia continúa, en 2022 las consecuencias humanitarias de esta problemática podrían ser aún más graves y el sufrimiento para la población civil mucho mayor”, expresó Ana María Hernández, coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR Colombia.
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Las cifras revelan que entre las víctimas de mina antipersonal este año, 150 son civiles -entre ellos 31 menores de edad-, 63 integrantes de la fuerza pública y 5 de los grupos armados ilegales.
Las zonas afectadas han sido Cauca, Arauca, Cesar, Antioquia, Valle del Cauca y Chocó, donde se concentró el 77% de las víctimas.
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“La dimensión de este fenómeno va más allá de los números, por eso es fundamental comprender las historias y el sufrimiento que hay detrás de esta realidad”, señaló Hernández.