Caen tres policías que habrían hecho esta exigencia a negocios de sexcam para no cerrarlos

Uno de los uniformados ya estaba privado de la libertad por un caso distinto. Miembros del Gaula hicieron efectivas las órdenes de captura contra los otros dos.
Un intendente jefe y dos patrulleros adscritos a la Estación de Policía de El Caney, ubicada en el sur de Cali, son señalados de haber exigido dinero a los dueños de "dos establecimientos de entretenimiento para adultos (webcam)", según informó este lunes la Fiscalía.
“De acuerdo con la investigación, los policiales habrían exigido una cuota inicial de 3 millones de pesos y, posteriormente, un millón de pesos mensualmente. Durante un año, habrían cometido el ilícito”, señaló la entidad.
Estos hechos, que están siendo investigados, se registraron supuestamente entre agosto de 2016 y de 2017, debido a que los negocios, al parecer, no cumplían algunas normas para ejercer su actividad y esto habría sido aprovechado por los uniformados.
“Los hoy procesados, al ver que dichos establecimientos no contaban con el respectivo uso del suelo, debieron haber procedido a cerrarlo, como lo dice el Código de Policía. Sin embargo, exigieron dinero para evitar dicha medida”, explicó la entidad.
En ese sentido, un juez de control de garantías emitió las órdenes de captura correspondientes por el delito de concusión y estas se hicieron efectivas a través de miembros del Gaula de la Policía Nacional.
"Actuamos tan pronto se tiene conocimiento de los hechos ilegales que estaban ejecutando. Por tal motivo, la Policía Metropolitana, de manera enérgica y cumpliendo la política integral de transparencia, hace estas capturas y los pone a buen recaudo", dijo el coronel Henry Jiménez, subcomandante de la Policía de Cali. 
Uno de los uniformados ya se encontraba privado de la libertad por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, mientras los otros dos también deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel.
El coronel Jiménez aseguró que la misma Policía estaba investigando a los uniformados, que fueron apartados de la institución, gracias a las denuncias interpuestas por las personas afectadas.