Vendedora ambulante se enteró de que debe 92 comparendos por ocupar el espacio público en Bogotá

Una vendedora en Bogotá conoció que debe más de 90 comparendos por ocupar el espacio público. Una notificación de embargo que le llegó a Jenny Barrera fue la alerta para que se percatara que tiene 92 órdenes abiertas, en su mayoría por el artículo 140 del Código de Policía: “Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Numeral 4: ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes”.

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“Me están embargando mi casa por un cobro de 400 mil pesos y mirando la página de LICO (Liquidador de comparendos de Bogotá) salgo a deber al Estado más de 20 millones de pesos en comparendos”, contó la mujer.

Jenny vende maní dentro del portal Tunal y hace parte de los 51 mil vendedores informales que tiene Bogotá.

“Lo que me preocupa es que me quiten el esfuerzo que yo he hecho en toda mi vida, que es tener una casa, que me la quiten por un comparendo”, manifiesta.

Pero el de ella no es el único caso, otra vendedora dice que debe más de 25 millones de pesos en comparendos por el mismo artículo.

“Esos 200 comparendos me tienen limitados para poner un negocio formal, porque no puedo sacar una Cámara de Comercio”, señala Maritza Nieto.

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¿Qué estipula el Código Nacional de Policía?

“Los vendedores ambulantes por la actividad que realizan ocupan el espacio público lo que los podría hacer sujetos de sanciones por parte de las autoridades”, indica Andrés Macías Tolosa, investigador en seguridad de la Universidad Externado de Colombia.

Sin embargo, la sentencia C-211/17 de la Corte Constitucional “estableció que para poder imponer ese tipo de sanciones es necesario valorar las condiciones de los afectados tales como revisar si se trata de una población vulnerable o un grupo de especial protección”, agrega Macías.

“Debe garantizarse la armonía entre el derecho al trabajo y la recuperación del espacio público a través de rutas de reubicación”, manifiesta Iván Daniel Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

De igual manera, cualquier persona que desee apelar el comparendo puede hacerlo a través de un inspector de Policía.

“Las órdenes de comparendo y de multa que impone la Policía Nacional son posteriormente verificadas por un inspector y es él quien determina si en efecto se puede o no se puede imponer la multa”, subraya el experto en seguridad.

El director del IPES, la entidad encargada de brindar alternativas productivas a la población de la economía informal de Bogotá, indica que en este primer semestre del año se encargarán de organizar el espacio público de la ciudad.

“Aquellos que se encuentran en el transporte público que no es posible por el manual de uso, los estamos reubicando, caracterizando para que puedan trabajar de forma ordenada”, explica Alejandro Rivera, director del IPES.

Asegura que ya se cuenta con un predio para la reubicación de los vendedores informales del portal Tunal.

“En El Tunal tenemos una zona que vamos a pactar cerca del centro comercial y sus alrededores. La idea es poder organizar el espacio público es el derecho al trabajo”, afirma.

Mientras esto ocurre, Jenny Barrera, con apoyo del equipo jurídico del senador electo Inti Asprilla, radicó una solicitud ante la Secretaría de Hacienda y otra al inspector de Policía de Tunjuelito para que se anule el comparendo que tiene en riesgo su casa, el resultado de 30 años de su trabajo como vendedora ambulante.