Rifirrafe entre el presidente Petro y el alcalde Galán por el Hospital San Juan de Dios

Una nueva polémica se generó entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá por el futuro y la intervención del Hospital San Juan de Dios.

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El Hospital San Juan de Dios, el que fuera el emblemático y más antiguo espacio de atención médica para millones de pacientes del centro y sur de Bogotá, hoy es centro de una polémica y generador de tensiones entre el Distrito y el Gobierno nacional.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, manifestó: “Nuevamente vemos con extrema preocupación algunas decisiones del Gobierno nacional sobre Bogotá”.

La decisión a la que se refiere el alcalde es la terminación unilateral por parte del agente interventor de la Subred Centro Oriente del contrato para la recuperación del hospital que empezó a estructurarse en el año 2017.

Así anunció la decisión el propio presidente Gustavo Petro: “Se ha liquidado el contrato entre Copasa y la red hospitalaria centro oriente de Bogotá, que pretendía dinamitar la torre central del Hospital San Juan de Dios. Por ahora, quienes querían desaparecer el hospital público más antiguo de Colombia no tendrán éxito”.

Contexto del caso del Hospital San Juan de Dios

Para entender el conflicto es necesario remontarse al año 2002, cuando el San Juan de Dios fue declarado monumento nacional. Para el año 2015, durante la alcaldía de Gustavo Petro, el Distrito compró el hospital.

Juan Carlos Flórez, exconcejal de Bogotá e historiador, recordó que, "cuando Petro es alcalde, él recibe un fallo judicial que ordenaba recuperar todo el San Juan de Dios, todos esos edificios afrancesados. Pero Bogotá no tiene la plata”.

En el año 2017, el Distrito firmó un contrato por cerca de 466.000 millones de pesos con la española Copasa, contrato que no se había podido ejecutar debido a la falta de un permiso del Ministerio de Cultura por tratarse de un patrimonio nacional.

“Allí se construye una torre en los años 60 que hoy es la manzana de la discordia”, complementó Flórez.

Tras esta decisión del agente interventor, que algunos califican como política, el Distrito se expone a una millonaria demanda por incumplimiento de contrato.

Precisamente, el embajador de España en Colombia, Joaquín de Arístegui, señaló que espera que, ante el nuevo escenario, la empresa española sea compensada.

Alejandro Gómez, exsecretario de Salud de Bogotá, adujo: “¿Habrá demandas? Por supuesto que sí. Hay un tema político que es evidente, pero sobre todo a mí me angustia que hay un tema de prestación del servicio fundamental de la salud. Es que ese hospital no se iba a ser por un capricho”.

Una demanda que se sumaría a la que ya existe entre la española Copasa y el Distrito por 110.000 millones de pesos, por la entrega de un contrato que no era viable.

“He solicitado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que verifiquen que la decisión adoptada no atente contra la moralidad administrativa y el patrimonio público. También les he pedido a las secretarias de Salud y Jurídica evaluar las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar frente a la motivación y competencia del agente interventor”, puntualizó el alcalde Galán.

Por ahora, el Distrito evalúa los caminos jurídicos para evitar acciones contractuales que vayan en detrimento de los intereses de los ciudadanos.

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