Fueron tres estaciones de Transmilenio las que fueron vandalizadas por un grupo de mujeres que protestó por la denuncia de una joven que fue agredida sexualmente dentro del sistema masivo de transporte. Para evitar ser identificadas, las mujeres cubrieron su rostro.
A su paso, las manifestantes no solo pintaron buses, sino estaciones, y con piedras y objetos contundentes destruyeron un servicio que toman miles de usuarios del sistema de transporte, que además tuvo que parar.
“Todo esto es indignante y tiene que llamar alerta a las autoridades y sociedad colombiana, pero la solución no es salir a romper el sistema y esto, porque el problema no es del transporte masivo, es un problema social, el espacio público es un riesgo para las mujeres y es lo que no podemos normalizar”, señaló Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central.
El vandalismo dejó 226 vidrios destruidos, cinco buses pintados, daños que suman aproximadamente $246 millones y que fueron las mujeres que hacen parte del sistema las que terminaron limpiando.
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“Los protocolos de seguridad en Bogotá no están funcionando, son muy lentos y la violencia se descarga muy rápido y no hay una capacidad de reacción por parte de las autoridades”, agregó Néstor Rosania, analista de seguridad.
Uno de los cuestionamientos que hacen los expertos en seguridad es en qué momento deberían intervenir las autoridades, recordando al ministro de Defensa, ¿cuál es el último recurso para que el Esmad intervenga una manifestación?
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“La Policía Nacional debe tener dentro de su escuadrón antidisturbiosun escuadrón único y exclusivamente de mujeres que puedan atender esta situación”, dijo Rosania.
“Claro que es posible protestar, pero los actos de ayer rayan con el Código Penal colombiano y establece un delito que se llama daño en bien ajeno, eso tiene una pena entre 16 a 90 meses de prisión”, explicó Ricardo Burgos.
Los daños de las estaciones y buses terminarán siendo asumidos por toda la ciudadanía.