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El gobierno nacional insiste en que detrás de los actos vandálicos de los últimos días en Bogotá se encuentran grupos ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que con esto quieren desviar la atención tras el asesinato de Javier Ordóñez y que se debe garantizar el derecho a la protesta.
Parte de los documentos en los que el gobierno sustenta su tesis hacen referencia a un texto incautado al ELN en 2015 que dice: "En el escenario de hoy requerimos de una guerrilla capaz de trasladar el conflicto militar a los escenarios urbanos”.
Otro documento de inteligencia explica que en Bogotá hay al menos 20 grupos radicales que habrían participado en los actos violentos del pasado 9 de septiembre. Se trataría de:
· Juventudes Camilistas,
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· Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia,
· Juventud Rebelde
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· Coordinadora Clandestina Simón Bolívar
· Juventudes del Movimiento 19 de abril JM19
· AK Al Combate
Para organizaciones defensoras de derechos humanos, estos señalamientos son maniobras del gobierno para desviar la atención.
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“No podemos aceptar distracciones con el cuento de que todos son vándalos y conspiradores, que son células del ELN o de cualquier otro tipo de organización de las que han existido desde hace mucho tiempo en Colombia. Desafortunadamente hemos visto un vandalismo de la Policía con asesinato de 14 personas en Bogotá”, declaró Camilo González Posso, director de Indepaz.
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