Ordenan traslado de varios condenados en URI de Puente Aranda: “Hay condiciones pésimas de salud”

Un juez en Bogotá ordenó el traslado a instalaciones del Inpec de varios condenados que permanecen en la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda. La situación en esta URI, según autoridades como la Personería, es insostenible por el hacinamiento y la falta de condiciones para los detenidos.

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En la URI de Puente Aranda, los detenidos permanecen en el piso, hacinados, sin medidas de salubridad. Unos pocos tienen colchones y otros duermen encima de lo que pueden.

La ropa de los internos está colgada en las estructuras del lugar. Los detenidos están sin camisa, lo que indicaría que en el lugar no hay ventilación, esta es una situación que las autoridades disciplinarias han calificado como lamentable.

Ante esta crítica situación, el Juzgado 26 Administrativo de Oralidad de Bogotá ordenó con un plazo máximo de 48 horas el traslado inmediato de 47 personas que están condenadas en esta Unidad de Reacción Inmediata, que debería ser un lugar de paso.

“Además, también se le ordena a la Secretaría de Salud que haga un tamizaje, una revisión de las condiciones mínimas de salud para revisar si se encuentran con una vida y una condena digna”, aseguró el abogado Pedro Puentes.

Y es que las cifras, según la misma Policía, son alarmantes. El lugar tiene capacidad para cerca de 400 detenidos y hay más de 820 personas recluidas, es decir, el hacinamiento supera el 100%.

“Los tienen durmiendo en el piso, a otros los tiene durmiendo en el baño, unas condiciones pésimas de salud”, afirmó una familiar de un detenido en la URI de Puente Aranda

En el fallo provisional de tutela, el juez ordena la protección a la vida digna, a no ser sometidos a tratos y penas crueles e inhumanas y además degradantes para la salud de los detenidos. Sin embargo, familiares de las personas que están en esta URI aseguran que la situación es insostenible para ellos.

“El hijo mío está aquí preso, recluido, lleva casi dos años en hacinamiento, en condiciones precarias, prácticamente ha perdido su autoestima por las condiciones en que se encuentra”, señaló Carlos Ramírez, familiar de un detenido en la URI de Puente Aranda.

Hernando Herrera, de la Corporación Excelencia en la Justicia, sostuvo que “situaciones como esta evidencian que al Estado le quedó grande resolver la crisis producida por el hacinamiento carcelario”.

La responsabilidad de las Unidades de Reacción Inmediata, que son de paso temporal, es de los entes territoriales, es decir, de las alcaldías y las gobernaciones. Según la Defensoría del Pueblo dentro de estos lugares no se están cumpliendo las condiciones mínimas de salubridad y seguridad, los detenidos permanecen en espacios no apropiados.

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“El Distrito en el marco de sus competencias ha venido trabajando en varias líneas de acción para disminuir el hacinamiento en las URI y en las estaciones de la Policía. La primera acción es ampliar la red de equipamientos de justicia en las diferentes URI. Este año se entregó la URI de Campo Verde en Bosa y se piensa entregar la de Suba y Tunjuelito en la siguiente vigencia”, aseveró Reinaldo Ruiz, secretario de Seguridad encargado de Bogotá.

Entretanto, Javier Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos, indicó que “las estaciones de policía y URI de todo el territorio nacional cuentan con 22.729 personas privadas de la libertad, con una capacidad real de 9.600, lo que implica un hacinamiento en todo el territorio nacional de 263%”.

“De esta manera, a través de diferentes fallos de tutela, los jueces de la República han ordenado que los entes territoriales asuman su responsabilidad frente a las personas sindicadas que se encuentran privadas de la libertad y por otra parte al Inpec, que asuma la responsabilidad frente a las personas condenadas”, puntualizó.