El diseño del metro de Bogotá que está en marcha sale del patio-taller de Bosa, llega a la Primero de Mayo con carrera 50, sube a la Caracas y se extiende hasta la calle 72. Es un metro elevado. Según la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, esta obra tiene un avance del 18 por ciento.
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El presidente Gustavo Petro prefiere otra opción
que es subterranizar desde la carrera 50 con Primero de Mayo, subir a la avenida Caracas y continuar hasta la calle 72 con Caracas. Este tramo sería 100 por ciento subterráneo.
Ante esta situación, el consorcio hizo una contrapropuesta, consiste en continuar la construcción de metro de Bogotá tal y como está diseñada, es decir, metro elevado hasta la calle 72 y de ahí adicionar un nuevo tramo que va hasta la calle 100; este sí subterráneo.
El presidente insiste en su propuesta, aunque sabe que es más costosa.
“Plantea una adición al valor inicial del contrato. La alcaldesa ha sostenido que no va a poner recursos del Distrito; el Gobierno nacional los colocaría, y eso implicaría que tenemos que hacer una reforma en la ley que establece que estos proyectos se hacen 70/30 ahora sería 100 por ciento ese valor y lo llevamos en el Plan Nacional de Desarrollo”, dice el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.
Sin embargo, el concesionario chino que construye el metro de Bogotá cree que hay riesgos jurídicos en el cambio del diseño, por esos las dos propuestas sobre la mesa se volverán a discutir entre Gobierno nacional y distrital.
Si las dos partes acuerdan que el metro se termine con el diseño que quiere el presidente, es decir un tramo subterráneo, su construcción demoraría seis años más de lo previsto y la inversión adicional sería de 12 billones de pesos.
Procuradora Margarita Cabello alerta sobre el riesgo de cambiar trazado del metro de Bogotá
La Procuraduría General
lanzó una alerta sobre los “graves riegos” que tendría cambiar el contrato de la primera línea del metro de Bogotá. Así se lo advirtió el ente de control a la Empresa Metro de Bogotá.
Para el Ministerio Público, los riesgos se verían representados en los impactos que se generarían por dichas modificaciones con mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, posible detrimento patrimonial y vulneraciones al principio de planeación contractual, y afectaciones a la movilidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público.
En atención a estos riesgos en la gestión contractual, el ente de control revisará los conceptos e informes en los que se plantea una modificación del objeto del contrato de concesión.
“No debería ser por un capricho. Debería ser por razones de mejoramiento muy bien justificadas y analizando muy bien y ponderando los perjuicios que podría originar el cambio en este momento. Recordemos que aquí la alerta por el cambio para que se hagan tramos subterráneo es que ya está en camino la selección del concesionario, la ejecución del proyecto”, indicó la procuradora general, Margarita Cabello.
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