Las dudas que persisten sobre muerte de civiles en noche de caos tras homicidio de Javier Ordóñez

Las imágenes de una noche de caos y terror en el barrio Verbenal todavía estremecen a Bogotá. Todo ocurrió el 9 de septiembre de 2020, pasadas las 9:30 p. m., y encarna uno de los capítulos más sangrientos en la historia de la capital tras las protestas ciudadanas por la tortura y muerte de Javier Ordóñez , apenas 24 horas atrás. Esa noche trece civiles fallecieron en distintos lugares de Bogotá y Soacha presuntamente por balas disparadas por la Policía.

Después de cuatro meses, este lunes serán imputados por la Fiscalía tres patrulleros por las muertes de Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Fonseca Castillo, Angie Paola Baquero y Germán Puentes Valero. Aunque es un primer avance en el expediente, los familiares de las víctimas y sus abogados insisten en que hay una operación de encubrimiento institucional para que la verdad no se conozca.

“Una vez escuchadas las comunicaciones por radio que existen entre el comandante de la estación de Usaquén y las personas que estaban en el operativo del Verbenal, pues se les manifiesta que antes de llegar a este se quiten sus chaquetas, cubran sus identificaciones (...) y que no 'se boleteen', expresamente, porque existen muchas personas grabando el operativo”, afirma María Alejandra Garzón, abogada de las víctimas.

¿Para qué quitarse las chaquetas oficiales en el momento más álgido de los enfrentamientos? Esa es la gran pregunta. ¿Lo hicieron para evitar agresiones en su contra o, como dicen los abogados de las víctimas, para que no se identificara a quienes les dispararon a los civiles y protagonizaron los abusos?

El protocolo del Ministerio del Interior para atender la protesta ciudadana es así de claro: “(…) la actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal y equipos identificados de manera clara y visible".

Noticias Caracol conoció el testimonio de uno de los policías que estuvo esa noche en el Verbenal y que resultó lesionado en el rostro. Según dijo, llegó al lugar como refuerzo a las 7:30 p. m. mientras los ataques contra el CAI cada vez eran peores. Su versión resulta clave porque admite que recibió la orden de quitarse su chaqueta.

"Yo tenía la chaqueta reflectiva puesta, pero antes de llegar al apoyo, por radio, manifestaron que nos quitáramos las chaquetas, que llegáramos sin chaquetas puestas. Desconozco quién dio la orden por radio (...) yo dejé la chaqueta en el baúl de la moto".

Lo más inverosímil, dicen los abogados de las víctimas, son las justificaciones de algunos policías sobre el episodio de las chaquetas.

“Manifiestan, por ejemplo, que les dan dotación cada dos años y que no las querían ensuciar y por eso se la quitaron, o que se había manchado de sangre o que no querían que se manchara de sangre (…) es una burla a todas las víctimas”, dijo el defensor Juan Felipe Sánchez.

Pero hay otras particularidades. Por ejemplo, hay múltiples inconsistencias entre la dotación asignada a algunos policías esa noche y los reportes de pérdida de munición.

“Digamos que en este caso concreto de Verbenal hubo inconsistencias en la dotación de 9 policías, incluso agentes que manifiestan no haber estado en servicio ese día. Entonces, genera bastante suspicacia el hecho de que el 9 de septiembre agentes que no estaban de servicio hayan perdido munición”, añade Sánchez.

Otro de los puntos que se busca aclarar en el expediente es el súbito relevo de mando en la Policía de Bogotá, momentos previos a que miembros de esa institución dispararan sus armas contra los manifestantes.

El coronel Luis Alfredo Sarmiento lo explicó así a la Fiscalía: "el 9 de septiembre estaba como comandante encargado de la Policía metropolitana de Bogotá (…) pero sobre las 20:00 horas mi general Rodríguez arribó indicando que fue notificado para asumir la comandancia de la Bogotá en encargo".

El coronel Sarmiento se refiere al general Carlos Rodríguez, quien desde las ocho de la noche de ese 9 de septiembre se puso al frente de la seguridad en Bogotá. Pocas horas después, trece civiles murieron.

“En el expediente no se pudo documentar mucho respecto del cambio de los mandos de la Policía a esa hora, precisamente porque la Fiscalía tiene su foco de investigación en encontrar en este momento a las personas que accionan las armas de fuego y no a las personas que dieron la orden presuntamente”, dijo Santiago Serrano, otro abogado de víctimas.

El reclamo de estos tres abogados es que la Fiscalía envíe este expediente a la unidad de derechos humanos para que se adelante una sola investigación. Hoy, trece fiscales distintos de la unidad de vida indagan lo que ocurrió, es decir, hay 13 pesquisas paralelas y varias más por las decenas de heridos. ¿Puede reconstruirse la verdad así?

Mientras la Fiscalía evalúa esta petición y se apresta a imputar a los primeros tres patrulleros por homicidio, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, asegura que la institución ha sido transparente con la justicia para que se conozca la verdad.

“Para la noche del 9 de septiembre y el 10 de septiembre de la madrugada, desde el puesto de mando unificado del nivel central, y el de la Bogotá, no se dio ninguna orden para que los policiales se quitaran la chaqueta o algún elemento del servicio. Todo lo contrario, que estuvieran identificados y que cumplieran con todas las normas de protección a las personas y a su integridad”, dijo.

Y añadió: “en este sentido y frente a unos videos que han circulado a partir de ese día ya la Procuraduría General de la Nación ha tomado acciones, se han identificado policiales, y están en proceso de investigación y de juicio disciplinario”.

Lo ocurrido ese 9 de septiembre urge una investigación en contexto. Fueron 305 civiles heridos, 199 policías lesionados, 197 vehículos de la Policía afectados, 72 CAI vandalizados, 86 buses articulados y del SITP vandalizados y 13 incinerados. Unos 31 radios de la Policía hurtados y 22 dañados, 72 circuitos cerrados de televisión averiados, 5 chalecos antibalas extraviados y una pistola de la Policía robada. Eso, además de la violencia contra entidades bancarias, comercios y supermercados y la muerte de una mujer arrollada por un bus del SITP que vándalos se habían robado.

Más allá de estos hechos, todos graves y repudiables, la respuesta de la Policía en medio del caos está hoy en el banquillo. La abogada María Alejandra Garzón lo pone en estos términos: “hay fiscales que tienen la tesis de que estaban protegiendo el CAI. ¿En qué momento unas instalaciones, una pared se vuelven más importantes en términos de derechos que la vida de una persona?”.