La jueza 69 de control de garantías de Bogotá explicó las razones por las que dejó en libertad a 13 personas que habían sido capturadas el fin de semana, señaladas por la Policía de hacer parte de unabanda dedicada al hurto en Transmilenio.
La funcionaria, en entrevista con Blu radio, señaló en primer lugar que, aunque las capturas se dieron en flagrancia, solo uno de los ocupantes del bus dio su testimonio sobre los hechos.
A pesar de que el testimonio habría sido suficiente, recalcó, el problema radicó en que la declaración contradecía lo que dijo la Policía y la Fiscalía sobre el arma empleada, ya que se habló de tres elementos diferentes: una pistola, un arma de fogueo y un arma blanca. Finalmente, el arma nunca apareció.
Asimismo, la jueza señaló que la Fiscalía solo presentó acusación por dos delitos, uno de ellos que no da medida privativa de la libertad. El otro delito era hurto, el cual no se probó. "Entonces no pudo demostrarse ninguna causal", explicó Néstor Morales, director de Mañanas Blu.
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La funcionaria había señalado, en cuanto a enviar a los detenidos a la cárcel, que esto costaría unos 290 millones de pesos. Consultada por esta cifra, la jueza citó un estudio del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría, según el cual cada preso le cuesta al Estado 1.800.000 pesos mensuales.
En el caso de la banda en cuestión, según los cálculos de la jueza, mandarlos a prisión tendría un costo de 23 millones de pesos al mes y se trata de 13 personas.
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