Fueron cinco horas de lectura del fallo que los implicados siguieron en silencio. En este, la Procuraduría concluyó que los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda actuaron con brutalidad al abusar de su autoridad e incurrir en exceso de fuerza durante el operativo policial que terminó en la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez.
Por esta razón fueron castigados con una de las más altas sanciones que contempla el Código Disciplinario: 20 años de destitución e inhabilidad.
“Se puede afirmar que fue víctima de violencia física mientras permaneció en el CAI Villa Luz, entre las 00 horas 11 minutos y 4 segundos y las 00 horas 31 minutos y 12 segundos del día 9 de septiembre de 2020. Sin consideración o razón alguna, y con brutalidad, Javier Humberto Ordóñez recibió golpes contundentes propinados por el uniformado Juan Camilo Lloreda Cubillos mientras que Harby Rodríguez se inclinaba para sujetarlo toda vez que estaba en el piso esposado totalmente reducido y nunca recibió auxilio ni acción a pesar de sus lamentos”, señaló Aura Fajardo, representante de la Procuraduría.
El Ministerio Público señala que en este caso se obró con crueldad y con la intención de hacer daño a Javier Ordóñez .
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“Se infiere de la formación que reciben los policías y su experiencia que se les enseña dónde golpear según el propósito que se busque”, agregó Fajardo.
Videos en los que se observa cómo bajan a Ordóñez de la camioneta de la Policía para ingresarlo al CAI arrastrado o imágenes en las que se observa a los dos policías en la golpiza que le estalló uno de los riñones a la víctima hicieron parte de las pruebas que sirvieron para sustentar la decisión de la Procuraduría General.
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El uso excesivo del taser, una lesión por arma de fuego en una pierna y los golpes propinados llevaron al Ministerio Público a calificar el acto como demencial pues, a pesar de la gravedad, Ordóñez no fue auxiliado.
Así mismo se planteó que esta actuación policial derivó en hechos de orden público que comprometieron la vida de otras personas, de miembros de la fuerza pública y de la misma institución policial.