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Un trabajo de relatoría apoyado por Naciones Unidas y que se hizo para esclarecer lo ocurrido el 9 de septiembre de 2020, tras la muerte de Javier Ordóñez a manos de uniformados , concluyó que "ocurrió una masacre cuya responsabilidad recae en la Policía Nacional".
En el contexto de estas manifestaciones se reportaron 14 muertes de civiles, de las cuales “11 habrían sido consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de los integrantes de la Policía Nacional”.
Sumado a esto, dice que la fuerza pública incurrió en prácticas como Uso ilícito de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género y estigmatización de la protesta social.
Esta relatoría, liderada por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret, incluso insiste en el porte y “uso indiscriminado de armas de fuego”.
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Sobre quienes hicieron parte de las protestas, se reconoce violencia contra bienes públicos y privados y contra la Fuerza Pública.
Los ataques a uniformados “fueron serios, contra su integridad personal” y “ocurrieron cuando los policías intervinieron para proteger la infraestructura y bienes de la Policía".
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Sobre las detenciones arbitrarias se dice que hubo “torturas y tratos crueles, violación a presunción de inocencia, privación de atención médica a detenidos, hurto o pérdida de celulares de detenidos y detenciones masivas”.
#AEstaHora 🔴 Conoce todos los detalles de la relatoría sobre los hechos de violencia ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020.https://t.co/z2U7Mv9r6z
— Alcaldía de Bogotá (@Bogota) December 13, 2021
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