Un informe de la Fiscalía General de la Nación señala que el primero de mayo de 2021 más de 70 personas estaban bloqueando el carril exclusivo de Transmilenio en el portal de Banderas, en el occidente de Bogotá. Uniformados del Esmad que se encontraban dentro del portal intervinieron, disparando armas lanza gases, y allí resultó herido en la cabeza Daniel Alejandro Zapata, de 20 años.
En videos se observa cómo los miembros del Esmad hicieron las detonaciones para dispersar a los manifestantes que, a juicio de los investigadores, estaban en una marcha pacífica y en la cual se extralimitó la fuerza pública.
“La reacción es desproporcionada, efectivamente, donde se hizo un uso de la fuerza que está fuera de los parámetros y fuera de los protocolos”, precisó el director seccional de la Fiscalía, José Manuel Martínez.
Los investigadores recopilaron imágenes de varias cámaras de seguridad, incluidas las que portaban los miembros del Esmad, donde se ven y escuchan las detonaciones. También se evidenció cómo un agente que iba de copiloto en una moto golpeó sin razón a dos hombres que estaban caminando.
Una de esas cámaras corporales registró el que sería el disparo que terminó impactando en la cabeza de Daniel Alejandro Zapata, quien cayó sobre el andén.
El joven de 20 años ingresó a las 8:18 de la noche a la clínica Eusalud, en Mandalay, Kennedy, a pocos metros de donde resultó herido. El dictamen médico fue trauma craneoencefálico severo con sangrado occipital.
Tras nueve días de luchar por su vida, murió en el centro asistencial. Por este crimen, dos uniformados del Esmad fueron imputados por el delito de homicidio.
“Se hace la imputación de dos exmiembros de la Policía. Muy importante porque se les imputa como coautores por su especial posición de garantes, por violentar esos deberes positivos de su ámbito de competencia institucional al violentar también los protocolos y las normas que se deben aplicar en este tipo de situaciones”, añadió el director seccional de la Fiscalía.
Para la Fiscalía, la reacción del Esmad de la Policía para disolver la manifestación pacífica fue desproporcionada.
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