La denuncia del padre de un menor al que hallaron semidesnudo en la calle y con sobredosis llevó a las autoridades a rastrear y descubrir varias cocinas de drogas sintéticas en Bogotá,
específicamente en siete barrios de la localidad de Kennedy: Tintal, Pío XII, Banderas, Villadolid, Castilla, Mandalay y Santa Catalina.
Un investigador del CTI detalló que luego de hallar al joven intoxicado “comenzamos la investigación a jóvenes que realizaban fiestas clandestinas y consumo de sustancias sintéticas”.
Fue así como agentes encubiertos, que infiltraron la organización criminal, evidenciaron cómo conseguían los insumos y cómo las preparaban.
Ellos conseguían los medicamentos psiquiátricos en las droguerías con fórmulas médicas falsas, el rivotril, la oxicodona, clonazepam, fentanilo y todas esas pastillas psiquiátricas las mezclaban con el tusi para poder hacer esta sustancia mucho más fuerte y más adictiva para los jóvenes.
Agente del CTI
Además, las mezclaban con sustancias que servían para dopar caballos, lo que, según autoridades, “puede causarle la muerte a cualquier persona. Si una persona solo consume quetamina puede causarle la muerte, por eso ellos mezclaban todas esas sustancias farmacéuticas”.
Incluso los cocineros de las drogas sintéticas
corrían riesgo. Un agente del CTI reveló que “en la investigación nos pasó con dos personas, que se logró prestarles ayuda, y uno de los capturados, de las personas judicializadas, presentó somnolencia por dos días”.
¿Cómo aprendieron a cocinar drogas sintéticas?
Según el director seccional de la Fiscalía de Bogotá, José Manuel Martínez, los universitarios aprendieron con algunos videos. Luego, no solo vendían la receta para crear más laboratorios en la ciudad, sino que manejaban el producto.
“Se comercializaban en sectores de rumba en Bogotá, en Galerías, en la zona T y en lo que se conoce coloquialmente como los amanecederos, ahí lograban infiltrarse para comercializar estas drogas que tienen un valor comercial muy alto”, indicó el funcionario.
Los seis universitarios, que aceptaron cargos de tráfico,
fabricación y porte de estupefacientes, podrían pagar 25 años de prisión.
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