Algunos de los 13 presuntos ladrones capturados por un robo en un bus de Transmilenio celebraron cuando la juez de garantías decidió dejarlos libres, entre otras razones, porque tener a una persona en la cárcel es costoso para el Estado, "aproximadamente 1.876.130 pesos mensuales, o 22.513.580 pesos anuales".
Agregó que contra los señalados delincuentes "no procede medida de aseguramiento de prisión preventiva respecto a las lesiones porque la cuantía punitiva es inferior a los cuatro años de prisión".
Frente a estos argumentos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la cuestionó diciendo: “¿Entonces lo que le sale barato al Estado es dejar que atraquen impunemente a ciudadanos humildes y honrados? Cuando uno de esos delincuentes que soltaron vuelva a usar su arma en un atraco y termine matando a alguien, ¿qué dirán? ¿Que sale más barato una vida menos?”.
No obstante, estas no fueron las únicas razones para que la juez les concediera la libertad a los presuntos ladrones.
Para ella hubo inconsistencias en las pruebas aportadas por las autoridades sobre el hurto masivo en Transmilenio.
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"No existe elemento material probatorio que dé cuenta que otras personas al interior del articulado hayan sido despojadas o se haya intentado despojar de sus pertenencias", y añadió que “ni en el informe de captura, ni en las actas de incautación, se da cuenta de la utilización de armas blancas. Tampoco se dio el hallazgo de un arma de fogueo, relacionado por el señor fiscal, o un elemento menos letal”.
Finalmente, la jueza les recomendó a los señalados ladrones “portarse bien” mientras se encuentran en libertad.
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